El fiscal Ramiro González impulsó una causa tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Investigan consumos realizados con tarjetas de Nucleoeléctrica Argentina entre 2025 y 2026.
El fiscal federal Ramiro González imputó a Demian Reidel y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó contra el ex titular de la empresa estatal y otros integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados a la utilización de una cuenta corporativa identificada como N° 338402.
Según trascendió, la investigación busca determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en el uso y administración de tarjetas corporativas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Entre los posibles delitos mencionados en la denuncia aparecen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El expediente tomó impulso tras la difusión de un documento incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano. Allí figuraban consumos efectuados en pesos y dólares mediante la cuenta corporativa investigada.
En el dictamen, González sostuvo que del análisis preliminar de los movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”. Además, advirtió que la documentación no identificaba a los responsables de cada gasto ni precisaba si las operaciones habían sido realizadas mediante tarjetas adicionales.
El fiscal también señaló que no existiría una rendición documentada sobre el destino institucional de varios de los consumos observados. Incluso planteó que algunos gastos podrían resultar incompatibles con el régimen vigente de viáticos, aun en el caso de haber sido realizados durante viajes oficiales.
Como primeras medidas de prueba, la fiscalía solicitó incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y pidió identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta investigada. También requirió información bancaria detallada sobre cada operación realizada.
