El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura provincial propone crear un régimen integral de derechos para las víctimas y modificar el Código Procesal Penal para garantizar su participación, asistencia y protección durante los procesos judiciales. Lleva el nombre de Joaquín Sperani, el menor asesinado en Laboulaye por otro menor.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba envió a la Legislatura de la Provincia de Córdoba un proyecto de ley que busca crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, apunta a establecer estándares mínimos de trato, información, asistencia y reparación para quienes atraviesan un proceso penal.
La propuesta impulsada por el gobernador Martín Llaryora busca ordenar y reforzar las herramientas de protección para las víctimas dentro del sistema judicial. Según el texto, aunque el proceso penal contempla mecanismos de intervención para quienes sufren delitos, en la práctica persisten dificultades como falta de información, demoras, barreras de acceso y situaciones de revictimización.
El texto propone que la norma lleve el nombre “Ley Joaquín” en referencia a Joaquín Sperani, el niño de 14 años asesinado en Laboulaye durante 2023 a manos de un compañero de colegio, también menor de edad. Según se plantea en la iniciativa, la denominación busca funcionar como un acto de memoria institucional y recordar que detrás de cada expediente judicial existen personas y familias que esperan una respuesta efectiva del Estado.
El proyecto establece un conjunto de derechos que deberán garantizarse desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos se incluyen el acceso a un trato digno, la protección de la privacidad, información clara sobre el avance del proceso penal y la posibilidad de contar con patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
Además, prevé la asistencia médica, psicológica, social y legal sin costo, la implementación de medidas urgentes de protección ante posibles riesgos o intimidaciones y mecanismos para la reparación integral del daño sufrido, tanto por vías penales como civiles.
La iniciativa también introduce el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar con rapidez y eficacia para evitar que la intervención estatal agrave la situación de las víctimas.
En paralelo, el proyecto incluye modificaciones al Código Procesal Penal de la provincia para garantizar que estos derechos puedan aplicarse de manera efectiva. Entre los cambios previstos se encuentran la posibilidad de que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes, el refuerzo de los mecanismos de notificación ante decisiones judiciales que puedan afectar su seguridad y medidas para evitar la repetición innecesaria de declaraciones o exposiciones.
También se contemplan modalidades especiales de declaración en casos de delitos graves, como aquellos vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar. A su vez, se prevé la participación de la víctima en decisiones judiciales relevantes, como la concesión de prisión domiciliaria, libertad condicional o la suspensión del juicio a prueba.
El proyecto propone además que las víctimas sean informadas obligatoriamente en instancias de juicio abreviado cuando se trate de delitos graves, entre ellos los vinculados a la vida, la integridad sexual, la libertad o robos agravados.
La iniciativa incorpora la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura provincial. Este organismo estaría integrado por representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, con el objetivo de elaborar diagnósticos y recomendaciones para mejorar las políticas públicas de asistencia.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos necesarios para implementar el régimen, mediante reasignaciones o partidas específicas.
