La Cámara Contencioso Administrativo Federal aceptó revisar la cautelar por el financiamiento universitario. Santilli apeló la multa de $100.000 diarios.
La Justicia habilitó al Gobierno nacional a apelar una decisión judicial vinculada con la cautelar que ordena actualizar los fondos destinados a las universidades públicas. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un recurso contra la multa de $100.000 diarios que le impusieron por el incumplimiento de esa medida.
La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar a una queja del Ministerio de Capital Humano. El organismo cuestionaba que el juez de primera instancia le hubiera rechazado la posibilidad de apelar.
El fallo no implica, por sí mismo, que se haya dejado sin efecto la cautelar ni que el Estado haya quedado eximido de cumplirla. La Cámara habilitó la revisión de la decisión judicial cuestionada, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).
Qué reclama el Gobierno por el financiamiento universitario
El expediente se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick. El magistrado había intimado al Estado nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, la medida cautelar que exige actualizar los fondos destinados a las universidades.
La resolución contemplaba la posibilidad de aplicar sanciones económicas ante el incumplimiento. Frente a esa decisión, el Gobierno sostuvo que el juez no había precisado cuáles eran las obligaciones de la ley que todavía no se habían cumplido ni los montos necesarios para considerar satisfecha la exigencia judicial.
Además, la administración nacional argumentó que los aumentos salariales otorgados a docentes y no docentes universitarios alcanzaban para cubrir la actualización prevista en la normativa. También cuestionó el alcance de la medida cautelar y sostuvo que podía ocasionarle un perjuicio de difícil reparación posterior.
Los camaristas consideraron que la decisión de primera instancia podía generar un «gravamen irreparable», argumento que permitió habilitar la revisión solicitada por el Estado.
Santilli apeló la multa de $100.000 diarios
En paralelo, Diego Santilli presentó un recurso para cuestionar la sanción económica que le impuso el juez Cormick por el incumplimiento de la medida cautelar relacionada con la actualización salarial del personal universitario.
En su presentación, el jefe de Gabinete solicitó suspender la ejecución de las astreintes —sanciones económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial— hasta que se resuelva la apelación vinculada con la decisión que consideró incumplida la cautelar.
El funcionario también cuestionó que se le atribuyera responsabilidad personal por el incumplimiento. Según su planteo, existe una «ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad» y mantener las sanciones podría ocasionarle consecuencias patrimoniales de difícil o imposible reparación posterior.
La apelación de Santilli constituye un planteo de la defensa del funcionario. Su presentación no equivale, por sí sola, a la anulación de la multa ni a la suspensión automática de su ejecución.
El CIN pidió aumentar la sanción económica
En sentido contrario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó a la Justicia que aumente el monto de la multa impuesta a Santilli. El organismo, que reúne a las autoridades de las universidades nacionales, consideró que la suma fijada resulta insuficiente frente a las obligaciones económicas en discusión.
En su presentación, el CIN sostuvo que el monto de la sanción era «más que exiguo en comparación con los importes en juego» y que no alcanzaba para funcionar como una medida efectiva para obligar al Estado a cumplir con lo ordenado.
La controversia judicial se desarrolla en medio del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece obligaciones vinculadas con los recursos del sistema universitario público.
Mientras el Gobierno busca revisar la decisión que ordenó cumplir con la actualización, las autoridades universitarias reclaman que se efectivicen las obligaciones establecidas en la normativa. Los recursos presentados deberán resolverse en el ámbito judicial correspondiente.