La Casa Rosada recurrirá ante la Cámara la decisión del juez Martín Cormick, que le dio cinco días para cumplir con la cautelar. El Ejecutivo sostiene que ya aplicó las medidas ordenadas y analiza si pedirá suspender los efectos de la resolución mientras avanza la discusión del Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional apelará la resolución del juez Martín Cormick que intimó al Ejecutivo a cumplir en cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en una nueva instancia de la disputa judicial que mantiene con las universidades.
La Casa Rosada sostiene que ya cumplió con la cautelar y que esa posición fue informada y respaldada con documentación dentro del expediente. El planteo será uno de los argumentos centrales de la apelación, frente a la interpretación del magistrado, quien consideró que todavía no existe un cumplimiento integral.
La resolución de Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Estado avance con la ejecución de la medida y advirtió que, si no lo hace, puede aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.
El Gobierno analiza el efecto de la apelación
Además de recurrir la decisión, el Ejecutivo todavía debe definir si solicitará que la apelación tenga efecto suspensivo. Esa alternativa permitiría discutir ante la Cámara si la intimación debe continuar produciendo efectos mientras se analiza el recurso.
La definición será importante para los próximos pasos del expediente, ya que la cautelar que originó el conflicto continúa vigente. La Corte Suprema rechazó en junio el recurso extraordinario presentado por el Gobierno porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que dejó firme la medida mientras continúa la discusión de fondo.
La cautelar fue dictada originalmente por Cormick y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios docentes y no docentes y a la recomposición de programas y becas estudiantiles.
El conflicto se profundizó después de que la Justicia rechazara, el 1 de septiembre, el pedido del Gobierno para levantar la cautelar. En esa oportunidad, el magistrado consideró que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados durante el año hubieran resuelto de manera definitiva el deterioro salarial y las situaciones planteadas por las universidades.
La discusión también se traslada al Presupuesto 2027
En paralelo al frente judicial, el Gobierno intenta encauzar la disputa mediante la discusión del Presupuesto 2027. La cuestión universitaria forma parte de las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con rectores y bloques legislativos en torno a los recursos destinados al sistema.
En junio, el Ejecutivo había acordado una recomposición de la masa salarial universitaria del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios. Sin embargo, las universidades y los gremios sostienen que esas medidas no representan el cumplimiento integral de la ley.
La negociación salarial tampoco logró cerrar el conflicto. En septiembre, el Gobierno ofreció un incremento adicional del 3%, propuesta que fue rechazada por los gremios, que reclaman una recomposición mayor.
El proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo contempla alrededor de $7,5 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que desde el Consejo Interuniversitario Nacional plantearon necesidades cercanas a los $11 billones.
Así, la apelación ante la Cámara abre un nuevo capítulo judicial mientras la discusión presupuestaria ofrece otro escenario para intentar destrabar el conflicto. Por ahora, el Gobierno sostiene que la cautelar ya fue cumplida y buscará que la Justicia avale esa interpretación.