El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba declaró el estado de alerta en toda la provincia y reclamó al Gobierno de Martín Llaryora la reapertura de las negociaciones paritarias. El gremio espera una convocatoria oficial antes de que finalice la semana, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, los reclamos del personal sanitario y la preocupación por las condiciones laborales en los hospitales públicos.
El secretario general del sindicato, Sergio Castro, confirmó que la decisión fue adoptada por la comisión directiva y alcanza tanto a los trabajadores de la Capital como del interior provincial. El dirigente sostuvo que aguardan una respuesta del Ejecutivo para avanzar en una nueva instancia de discusión salarial.
«Estamos a la espera. Además, hemos determinado el estado de alerta de toda la comisión directiva en conjunto, tanto para Capital e Interior. Esperamos tener una respuesta en el transcurso de lo que queda de esta semana», señaló Castro en declaraciones al programa Ahora Noticias, de SRT Media.
El reclamo del SEP se produce después de que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) consiguiera la reapertura de la discusión salarial con el Gobierno provincial. En ese escenario, el sindicato de empleados públicos formalizó su propio pedido para retomar las negociaciones.
Pérdida salarial y reclamos al Gobierno provincial
Entre los principales argumentos del gremio aparece el deterioro de los ingresos de los trabajadores de la administración pública. Castro reconoció que en septiembre se realizó una revisión salarial en la que se aplicó la cláusula gatillo y también se alcanzaron soluciones mediante el refinanciamiento de deudas con el Banco de Córdoba (Bancor).
Sin embargo, consideró que esas medidas resultaron insuficientes frente al incremento del costo de vida. Según planteó, los salarios del escalafón general de la administración central no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
«Lamentablemente, la gente no está llegando a fin de mes», advirtió el titular del SEP, quien insistió en la necesidad de encontrar un mecanismo que permita recomponer los ingresos y acompañar la situación económica de los empleados públicos.
La reapertura de paritarias no es el único punto de la agenda sindical. El gremio también exige la firma del decreto que permita concretar la unificación definitiva del equipo de salud, una medida que, según denunció Castro, continúa demorada pese a los compromisos asumidos.
Preocupación por la sobrecarga laboral en los hospitales
Otro de los ejes del reclamo está relacionado con la situación del sistema sanitario provincial. El secretario general del SEP describió un aumento de la demanda de atención en hospitales y dispensarios públicos, en un contexto de dificultades económicas y de mayores restricciones para acceder a prestaciones de salud.
Castro vinculó este escenario con la caída de las obras sociales y los recortes nacionales, entre ellos los relacionados con el Plan Remediar. Según explicó, el incremento de pacientes que recurren al sistema público repercute directamente sobre las condiciones de trabajo del personal sanitario.
El dirigente advirtió que las guardias y los sectores de urgencias atraviesan una situación compleja, con trabajadores que deben afrontar una mayor cantidad de servicios y, en algunos casos, sin recibir los francos correspondientes. Esta situación, sostuvo, genera cuadros de estrés laboral y profundiza las dificultades derivadas de la falta de personal.
Rechazo a los contratos temporarios de tres meses
Frente a la necesidad de cubrir vacantes en el sistema sanitario, el SEP también cuestionó la modalidad de contratación temporaria por períodos de tres meses.
El sindicato reclama que se implemente el mecanismo de altas por bajas, que permitiría cubrir los puestos vacantes mediante incorporaciones con un período de trabajo de un año y las evaluaciones correspondientes.
«Estamos en contra de este sistema de precarización laboral; entendemos que la forma más genuina es que se implementen las altas por baja, donde el compañero tiene un año de ejecución de trabajo con las evaluaciones correspondientes», sostuvo Castro.
La posición del gremio apunta a evitar que las incorporaciones temporarias se conviertan en una modalidad habitual de contratación dentro de los establecimientos sanitarios provinciales.
El impacto del costo de los medicamentos en los jubilados
Por último, Castro manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores jubilados y el aumento sostenido de los medicamentos. El dirigente cuestionó la falta de una política que permita contener los precios de los productos farmacéuticos y señaló que los incrementos afectan especialmente a quienes necesitan tratamientos permanentes.
También reclamó una mayor participación del Gobierno nacional en el financiamiento de las provincias y cuestionó la falta de una «verdadera coparticipación federal».
El SEP aseguró que brinda asistencia a sus afiliados mediante la provisión de medicamentos, pañales y leche. Sin embargo, Castro advirtió que la situación de los jubilados es especialmente delicada, debido a que algunos deben consumir hasta diez medicamentos diferentes.
«Es mucho más grave todavía para los compañeros jubilados, que en algunos casos llevan 10 medicamentos, y preocupa porque la industria del medicamento sigue subiendo y no hay apertura para paralizar este mecanismo de aumento», expresó.
Mientras aguarda una respuesta del Gobierno provincial, el sindicato mantiene el estado de alerta y busca que sus reclamos salariales y laborales sean incorporados a una nueva instancia de negociación.