La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma restablece los límites a la compra de campos por parte de extranjeros, modifica los procedimientos de expropiación y habilita mecanismos para agilizar la devolución de inmuebles ocupados ilegalmente.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, pero que también restablece la vigencia de la Ley de Tierras Rurales y sus restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

La votación terminó con 42 votos afirmativos y 26 negativos, con el acompañamiento de La Libertad Avanza y bloques aliados, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y Provincias Unidas. El bloque Justicialista y otros espacios provinciales votaron en contra.

Uno de los puntos centrales de la sanción fue la restitución de la Ley 26.737, que había sido derogada mediante el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. De esta manera, vuelven a regir los límites establecidos para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país.

La incorporación de este capítulo se produjo durante el tratamiento en Diputados, donde se modificó el proyecto original del Gobierno. Con esos cambios, la iniciativa regresó al Senado para su aprobación definitiva.

Qué establece nuevamente la Ley de Tierras

La restitución de la Ley 26.737 recupera los límites a la extranjerización de tierras rurales. La normativa establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.

También fija un límite del 30% para la participación de personas de una misma nacionalidad dentro de ese porcentaje y establece un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.

Cómo funcionarán los desalojos exprés

Otro de los capítulos de la nueva ley introduce modificaciones para acelerar los procedimientos judiciales de restitución de propiedades ocupadas ilegalmente, tanto en viviendas como en campos.

La norma habilita a los jueces a disponer la entrega anticipada de un inmueble cuando se acredite documentalmente la titularidad y el derecho del propietario resulte verosímil. El mecanismo contempla intimaciones para devolver la propiedad en un plazo de hasta 72 horas, bajo las condiciones previstas por la legislación.

En el caso de los alquileres con deudas, el procedimiento establece una diferencia: el propietario deberá intimar previamente al inquilino mediante una notificación formal y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar los pagos antes de avanzar con el desalojo.

También se contemplan mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad, con intervención de los organismos correspondientes.

Cambios en las expropiaciones del Estado

La legislación también modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar con una expropiación. En adelante, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación específica.

Otro cambio alcanza al cálculo de las indemnizaciones. Se incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deja de percibir como consecuencia de la expropiación, con un límite general del 30% del daño emergente, salvo que se acredite un perjuicio mayor.

Además, se establecen criterios de actualización de los montos indemnizatorios vinculados con la inflación y tasas de interés.

La iniciativa también incorpora modificaciones al régimen de regularización dominial para facilitar el acceso a escrituras de viviendas únicas. En ese sentido, contempla a familias que acrediten una posesión pública y continua durante al menos diez años, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Con la sanción del Senado, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada completó su recorrido legislativo y quedó convertido en ley, con cambios que abarcan la propiedad rural, los procedimientos de desalojo y las facultades del Estado en materia de expropiaciones.

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