La sesión convocada para este jueves a las 11 tendrá como principal objetivo aprobar de manera definitiva una iniciativa que reemplaza el esquema de emergencia por un sistema permanente de prestaciones y beneficios. También se debatirán la ley de Tierras, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín.
El Senado de la Nación tendrá este jueves una sesión con la Ley de Discapacidad como principal eje del debate, en busca de darle sanción definitiva a un proyecto que establece la continuidad de las prestaciones y beneficios contemplados en la emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para diciembre.
La iniciativa cuenta con respaldo de distintos bloques políticos y propone transformar las disposiciones actuales en un régimen permanente. El tratamiento está previsto para las 11, en una jornada que también incluirá otros proyectos de relevancia legislativa.
La agenda fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles por la tarde en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Entre los temas incluidos figuran la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, modificaciones vinculadas a la regulación de la propiedad privada y la denominada Ley Joaquín.
Un sistema permanente para las prestaciones por discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, retoma buena parte de las disposiciones de la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y de emergencia.
Entre sus principales medidas, contempla la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. La disposición alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La norma también mantiene un nomenclador único para las prestaciones, establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas al índice de movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de salud a través del programa Incluir Salud para quienes perciban las pensiones correspondientes.
En cuanto al financiamiento, fija que las partidas destinadas al área de discapacidad dentro del presupuesto del Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior.
El texto incorpora, además, un esquema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre distintos organismos estatales, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Estos controles deberán realizarse bajo criterios de debido proceso y contemplando las particularidades de las personas con discapacidad.
A pedido de los bloques que acompañaron la iniciativa, se incorporó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de cancelación de las compensaciones adeudadas a prestadores. También se fijó un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley una vez sancionada.
Los otros proyectos que integran el temario
La sesión también contempla el tratamiento de la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que propone restablecer las restricciones establecidas por la Ley de Tierras respecto de la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.
El proyecto plantea derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado esas limitaciones. De esta manera, volverían a regir los topes de extranjerización del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, además del límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo y restricciones sobre áreas de frontera y espejos de agua.
La iniciativa también incorpora modificaciones al régimen de expropiaciones y contempla procedimientos abreviados para desalojar inmuebles ocupados ilegalmente.
Otro de los asuntos será el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que busca facilitar los procedimientos internacionales para la protección de invenciones. El texto incorpora una reserva al capítulo II, vinculada con la protección de la industria farmacéutica nacional.
El acuerdo había sido aprobado por el Senado en 1998, pero volvió a la Cámara alta luego de modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados, por lo que necesita una nueva votación para completar el trámite legislativo.
Finalmente, se debatirá la denominada Ley Joaquín, que establece obligaciones de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, tanto públicas como privadas.
La propuesta exige la instalación, anclaje, mantenimiento y controles periódicos de estructuras como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos infantiles en plazas. El objetivo es prevenir accidentes asociados a la caída o falta de fijación de estos elementos.
