La deuda flotante creció con fuerza en febrero y alcanzó transferencias a provincias, subsidios y organismos.
En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional recurrió al retraso de pagos y transferencias para sostener el superávit fiscal durante el primer trimestre del año.
Según datos de la Tesorería General de la Nación, la deuda flotante vinculada a transferencias de la Administración Pública Nacional registró en febrero un aumento superior al 60% interanual en términos reales, al pasar de $472.296 millones a más de $1 billón.
Estas transferencias abarcan envíos a provincias y municipios, financiamiento a universidades, empresas públicas y subsidios al sector privado. La dinámica de retrasos impactó, por ejemplo, en el sistema de transporte del área metropolitana y en organismos como el PAMI, donde se registraron demoras en pagos a prestadores y protestas del sector médico.
El presidente Javier Milei ratificó la estrategia fiscal durante el AmCham Summit 2026, al insistir en la continuidad del ajuste del gasto público como eje de su programa económico. En la misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo avanzó en medidas para sostener el resultado primario, en un contexto de caída de la recaudación.
Especialistas señalan que el freno en los pagos se convirtió en una herramienta clave para alcanzar las metas fiscales. Según estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, los atrasos acumulados de la Administración Pública Nacional alcanzaron los $4,3 billones en el primer trimestre.
El resultado de estas medidas permitió al Gobierno exhibir un superávit primario cercano a los $4,5 billones en el período, un dato clave en la negociación con el organismo internacional. En ese marco, Caputo mantuvo reuniones en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en busca de la aprobación final de un desembolso por u$s1.000 millones.
La estrategia oficial apunta a cumplir con las metas acordadas y luego normalizar los pagos, en un esquema que prioriza el equilibrio fiscal en el corto plazo, aunque con impacto en distintos sectores que dependen de transferencias del Estado.
