La presentación del Ministerio de Seguridad incluye cargos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado contra el orden constitucional y daño agravado. Los enfrentamientos frente al Congreso dejaron al menos 25 detenidos y ocho efectivos heridos.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados durante la Marcha Federal Universitaria del jueves, en las inmediaciones del Congreso. La presentación fue impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad e incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado contra el orden constitucional y daño agravado.
Según el escrito, los implicados habrían actuado con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. La denuncia sostiene que primero dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra efectivos de las fuerzas federales que participaban del operativo.
La movilización terminó con al menos 25 personas detenidas y ocho efectivos lesionados. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.
Entre los detenidos se encuentra un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. Por tratarse de un menor de edad, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y se dio participación al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con el balance oficial, cuatro de los efectivos heridos pertenecían a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal.
Daños estimados en $90 millones
A las consecuencias del operativo se sumaron los destrozos en el espacio público. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó inicialmente en $90 millones el costo de los daños en la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
El relevamiento preliminar incluyó afectaciones en veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano. La cifra podría modificarse una vez que finalice el inventario.
La marcha había sido convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender los recursos destinados a las universidades públicas. La protesta coincidió con el intento de la oposición de reunir quórum en la Cámara de Diputados para debatir el rechazo al DNU 70/2023, una sesión que finalmente fracasó por falta de legisladores.
Tras los incidentes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los hechos de violencia y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita agresiones contra efectivos ni daños a bienes públicos. La denuncia busca que la investigación avance sobre los responsables de los disturbios.