El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger busca eliminar la matrícula obligatoria, flexibilizar honorarios y habilitar el corretaje digital. Colegios inmobiliarios rechazan la iniciativa y advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que promete modificar de manera profunda el funcionamiento del corretaje en Argentina.
La iniciativa, que según trascendió podría ingresar al Congreso durante junio, ya generó un fuerte enfrentamiento entre cámaras empresariales, colegios profesionales y distintos actores del mercado inmobiliario.
Entre los principales cambios previstos aparece la eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito de título universitario para ejercer como corredor inmobiliario. Además, el proyecto habilitaría el trabajo interjurisdiccional sin restricciones y permitiría liberalizar honorarios y comisiones.
La propuesta también contempla la posibilidad de operar mediante plataformas digitales, aplicaciones móviles y entornos virtuales, en línea con la estrategia oficial de ampliar la competencia y reducir regulaciones.
Desde el Gobierno sostienen que el esquema actual funciona como una barrera de entrada que limita la oferta de servicios y encarece las operaciones inmobiliarias.
Sin embargo, los colegios profesionales rechazan la iniciativa y cuestionan tanto su constitucionalidad como sus posibles consecuencias sobre la seguridad jurídica en operaciones de compraventa y alquiler.
En medio de la discusión, sectores del mercado inmobiliario recordaron declaraciones realizadas en 2023 por Patricia Bullrich, hoy senadora nacional de La Libertad Avanza, quien en ese momento había defendido el rol de los corredores matriculados y de los colegios profesionales.
Durante una reunión con representantes del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y del Colegio Inmobiliario porteño, Bullrich había sostenido que el corredor matriculado “da confianza a las partes y garantiza el éxito de una transacción inmobiliaria”.
También consideró “esencial” el rol de los colegios como entidades encargadas de ordenar el mercado.
El proyecto impulsado por Sturzenegger incluye una serie de modificaciones estructurales sobre el sistema actual. Entre ellas, permitir que personas físicas y jurídicas ejerzan la actividad, habilitar el corretaje junto con otras profesiones y eliminar topes mínimos o máximos sobre honorarios.
Desde el oficialismo consideran que la digitalización, las firmas electrónicas y la apertura de competencia pueden generar operaciones más ágiles y económicas para los consumidores.
Pero desde los colegios inmobiliarios cuestionan esa mirada y advierten que el corretaje involucra operaciones sensibles vinculadas al patrimonio familiar y a la documentación legal.
La presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI, Marta Liotto, sostuvo que la regulación profesional corresponde a las provincias y no puede ser modificada por una ley nacional.
“La habilitación y matriculación de los profesionales es una potestad provincial que no fue delegada a la Nación”, afirmó.
La dirigente remarcó además que la tarea del corredor inmobiliario excede la simple intermediación comercial.
“El corredor inmobiliario interviene en operaciones sensibles para las familias. No se trata solamente de publicar propiedades o captar clientes”, expresó.
Desde las entidades colegiadas señalaron además que los colegios cumplen funciones de control ético, capacitación permanente y supervisión profesional.
Según datos difundidos por el sector, más del 95% de las operaciones inmobiliarias en Argentina se realizan actualmente con participación de corredores matriculados.
Entre las principales preocupaciones aparece la posibilidad de que una apertura total genere un crecimiento de operadores informales sin preparación técnica ni respaldo patrimonial.
“El problema no es la regulación. El problema es la informalidad”, sostuvo Alejandro Bennazar, director ejecutivo de la Mesa de la Industria Inmobiliaria.
Del otro lado del debate, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) respaldó el proyecto oficial y cuestionó el funcionamiento del sistema colegiado tradicional.
El presidente de la entidad, Mariano García Malbrán, consideró que el eje de la discusión pasa por diferenciar la protección al consumidor de lo que definió como “privilegios corporativos”.
“El sistema actual limita la competencia porque impide que personas con formación comercial puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado”, afirmó.
También sostuvo que el mercado inmobiliario actual demanda nuevas habilidades vinculadas a tecnología, análisis de datos, marketing y gestión comercial.
“Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la tecnología y la competencia”, agregó.
La discusión por la desregulación inmobiliaria reabrió el debate sobre el rol de los corredores matriculados, la seguridad jurídica y el funcionamiento futuro del mercado inmobiliario argentino, en un contexto donde el Gobierno busca profundizar su agenda de apertura y eliminación de regulaciones.
