Instituciones locales cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y advirtieron que representa un retroceso en materia de derechos. Además, anunciaron una campaña de firmas y actividades en distintos puntos de la ciudad.
El Consejo Asesor en Temas de Discapacidad de Río Cuarto expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional denominado “Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez” y advirtió sobre las consecuencias que podría generar en materia de derechos, inclusión y acceso a prestaciones para personas con discapacidad.
El pronunciamiento fue realizado junto a instituciones locales vinculadas al sector durante una conferencia desarrollada en el Taller Protegido Tobar García, donde además se anunció la conformación de un petitorio formal y una campaña de adhesiones ciudadanas.
Desde el organismo señalaron que la incorporación del término “fraude” en el proyecto instala una presunción generalizada sobre las personas beneficiarias y vulnera principios de igualdad y no discriminación contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
En el documento difundido públicamente, el Consejo sostuvo que la iniciativa “resulta incompatible con el paradigma de derechos humanos” y advirtió que podría derivar en restricciones sobre pensiones no contributivas, acceso a tratamientos, transporte, educación y salud.
Además, remarcaron que el proyecto implicaría un retroceso en materia de protección social al debilitar el carácter de las pensiones como herramienta de garantía de derechos.
“La instalación de incompatibilidades entre pensión no contributiva y trabajo formal implica una restricción desproporcionada al derecho al trabajo y a la inclusión laboral”, expresaron desde el Consejo Asesor.
El comunicado también alertó sobre posibles suspensiones arbitrarias de beneficios y cuestionó la eventual transferencia de responsabilidades a las provincias sin garantías de equidad territorial.
Durante la actividad, el secretario de Desarrollo Comunitario de Río Cuarto, Gregorio Oberti, explicó que el posicionamiento surgió tras una reunión del Consejo Asesor en Discapacidad, órgano creado por ordenanza municipal en 1998.
“El pronunciamiento y el rechazo conjunto de todas las instituciones es a esta ley que quiere generar el Ejecutivo nacional, a la cual estamos totalmente en contra”, afirmó el funcionario.
Oberti sostuvo además que existe preocupación por el enfoque planteado en el proyecto y cuestionó el discurso oficial en torno a las auditorías sobre pensiones e instituciones vinculadas al sector.
“Hay una cuestión discriminativa y una necesidad de auditar sectores con mucha vulnerabilidad. Es un retroceso en todo lo discursivo”, señaló.
El funcionario también consideró que las medidas impulsadas por el Gobierno nacional generan sospechas sobre instituciones esenciales para las comunidades. “Se genera un velo de duda y oscuridad sobre instituciones tan necesarias e importantes”, indicó.
Por otra parte, confirmó que el Consejo y las organizaciones locales impulsarán actividades de visibilización y recolección de firmas en distintos espacios de la ciudad, incluyendo centros comunitarios, instituciones vinculadas a la discapacidad y plazas públicas.
“Vamos a buscar firmas de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general”, adelantó Oberti.
Finalmente, desde el Consejo Asesor reclamaron la apertura de instancias de diálogo y participación efectiva con personas con discapacidad y organizaciones del sector antes de avanzar con cualquier modificación normativa vinculada al sistema de pensiones y prestaciones.
