La gestión de Javier Milei rechazó regularizar los pagos a prestadores de discapacidad y apeló la resolución del juez federal Hugo Vaca Narvaja. La medida judicial exigía garantizar tratamientos, medicamentos y atención para personas con discapacidad en Córdoba.
El Gobierno nacional apeló este viernes el fallo del juez federal Hugo Vaca Narvaja que intimaba al Ministerio de Salud a regularizar los pagos adeudados a prestadores que atienden a personas con discapacidad. La presentación fue realizada horas antes de que venciera el plazo de tres días dispuesto por la Justicia para normalizar la situación.
La resolución judicial había ordenado al Estado nacional garantizar de manera urgente la continuidad de los tratamientos, el pago a prestadores y la entrega de medicamentos para afiliados de Incluir Salud y PAMI. La medida fue impulsada a través de una acción de amparo presentada por la abogada Marta Lastra, integrante de Defendamos Córdoba.
Según trascendió, ahora será el propio juez Hugo Vaca Narvaja quien deberá resolver si acepta la apelación presentada por el Gobierno de Javier Milei o si ratifica la cautelar y exige su cumplimiento inmediato.
Reclamo del sector de discapacidad
El conflicto se da en medio de un fuerte reclamo de organizaciones, familias y prestadores vinculados al sector de discapacidad, que en las últimas semanas realizaron movilizaciones en distintas ciudades del país, incluida Córdoba capital.
Desde el ámbito judicial remarcaron que las demoras en los pagos y la interrupción en la entrega de medicamentos afectan directamente a un sector considerado de alta vulnerabilidad social y sanitaria.
En la resolución, el Juzgado Federal N°3 sostuvo que la falta de respuestas del Estado pone en riesgo “la continuidad de los tratamientos” y vulnera el derecho a la salud de las personas con discapacidad.
La cautelar contra Nación
La acción judicial presentada en abril solicitó que Incluir Salud y PAMI cumplan “de forma urgente” con las obligaciones pendientes hacia instituciones, transportistas, acompañantes terapéuticos y otros prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad.
El fallo judicial había sido celebrado por referentes del sector, que vienen denunciando atrasos crónicos en los pagos y dificultades para sostener servicios esenciales.
Mientras tanto, la apelación presentada por el Gobierno nacional abre una nueva instancia judicial y prolonga la incertidumbre para miles de familias y trabajadores vinculados al sistema de atención de discapacidad en Córdoba y el resto del país.
