Este martes comienza la cuenta regresiva para dictaminar un nuevo texto. En caso de no lograrse podría derogarse la ley que rige desde hace dos años.
Luego del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados, en torno a la Ley de Alquileres, este martes comienza la cuenta regresiva: Diputados tiene 30 días para dictaminar un nuevo texto; de lo contrario, Juntos por el Cambio insistirá con la derogación del texto que rige desde hace menos de dos años.
El primer paso será, a partir de las 15, constituir la Comisión de Legislación General, que continuará al mando del oficialismo de la mano de la diputada Cecilia Moreau. El encuentro se realizará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Esta será la única comisión que aborde el tema, con el objetivo de acelerar el trámite.
La intención es fijar un cronograma de trabajo, que consistirá en la invitación de todas las partes afectadas -inquilinos, propietarios e inmobiliarias-, con el fin de receptar sugerencias y, sobre todo, testimonios de cómo ha impactado la norma que se sancionó en junio de 2020 y trajo dificultades para todos los sectores.
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A partir de este acuerdo, el interbloque Juntos por el Cambio decidió desactivar la sesión especial que había solicitado para este martes, bajo el aviso de que, si pasados los 30 días hábiles no se llegan a los consensos necesarios, volverá a insistir con la derogación de la actual Ley 27.551.
En torno a derogar, suspender o modificar la Ley de Alquileres hay casi una veintena de proyectos presentados por legisladores de distintos bloques.
Pero en lo que sí pareciera existir coincidencias -por distintas declaraciones públicas- entre las principales fuerzas es en las dificultades que han tenido dos artículos en particular: el que extendió los contratos de dos a tres años; y el que estableció que los ajustes deberían ser anuales por una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).
La actual Ley de Alquileres tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019, en el tramo final del gobierno de Cambiemos. En ese momento, la norma fue impulsada con fuerza por el exdiputado del Pro Daniel Lipovetzky -hoy legislador provincial- y cosechó un amplio acompañamiento, con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones -dentro de las que hubo macristas y cívicos-.
La sanción final de la ley llegó en junio de 2020, ya bajo la gestión del Frente de Todos y en un contexto de pandemia donde los precios de los alquileres estaban congelados por DNU. En ese momento, la oposición de Juntos por el Cambio se diferenció y estuvo ausente al momento de la votación. Así, la norma fue sancionada en el Senado por unanimidad, con 41 votos positivos del oficialismo y aliados.
Comunicado de Inquilinos
«Desde Inquilinos Agrupados Córdoba, en la Federación de Inquilinos Nacional, vamos a ser coherentes con nuestros reclamos para seguir regulando el mercado inmobiliario y alquilar de forma justa.
Plantear que el problema de los alquileres es solo culpa de la ley es una falta de respeto a la inteligencia de todas las organizaciones inquilinas del país mientras que la vivienda está dolarizada y el alquiler desregulado.
Queremos dejar en claro que no se puede claudicar frente a la presión del mercado inmobiliario, debemos tratar de superar la incertidumbre actual que ellos generaron y no permitir que sigan jugando y especulando con nuestro techo y nuestra dignidad».