El oficialismo tendría los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrenta resistencias de bloques aliados sobre el capítulo que establece sanciones por financiamiento extranjero de campañas y crea nuevos delitos vinculados a la injerencia externa. La sesión está prevista para este miércoles.
El Gobierno nacional llega a una nueva sesión de la Cámara de Diputados con los votos necesarios para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como eje la cuestión Malvinas, pero que también incluye cambios en materia de seguridad, inteligencia y defensa. Sin embargo, el oficialismo enfrenta dificultades para sostener uno de sus apartados más controvertidos.
Se trata del capítulo 7, que genera objeciones entre distintos bloques dialoguistas por las restricciones al financiamiento extranjero de campañas electorales y la incorporación de nuevas figuras penales relacionadas con la denominada «injerencia extranjera».
En las negociaciones previas, el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar el proyecto, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron modificaciones más profundas. Por ahora, el Gobierno ofreció cambios menores, aunque no se descarta que termine resignando ese capítulo para garantizar la aprobación del resto de la iniciativa.
La sesión fue convocada para este miércoles a las 12. Una vez conseguida la aprobación en general, los diputados deberán votar cada apartado. El capítulo 7 requiere una mayoría especial de 129 votos, una cifra que el oficialismo todavía no tendría asegurada.
Qué establece el capítulo cuestionado
El apartado en discusión contempla sanciones económicas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También incorpora penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por Estados extranjeros, revelen secretos a servicios de inteligencia de otros países o colaboren con operaciones clandestinas.
Tras las críticas recibidas durante el tratamiento del proyecto, el Gobierno aceptó excluir de esas sanciones actividades diplomáticas legales, expresiones públicas de gobiernos extranjeros, tareas periodísticas e investigaciones académicas.
Los otros puntos de la reforma
Más allá de las diferencias por el capítulo 7, el proyecto conserva disposiciones vinculadas con la protección de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos del Atlántico Sur. Entre ellas, establece sanciones para empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.
También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por funcionarios del gabinete, autoridades de inteligencia y representantes de otros poderes y provincias. El organismo tendría facultades para coordinar políticas de seguridad, defensa e inteligencia y disponer medidas ante amenazas externas.
Otros aspectos que generan cuestionamientos son la posibilidad de habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en determinadas operaciones de seguridad interior y los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones.
La oposición también objeta las atribuciones del nuevo Consejo y la amplitud de conceptos como «amenaza externa» e «injerencia extranjera», al considerar que podrían habilitar decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
El temario de Diputados incluye además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el convenio de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
