El Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, presentó ante el Concejo Deliberante el Informe Anual 2025, donde expuso un marcado crecimiento en las intervenciones vinculadas a problemáticas sociales, digitales y de acceso a derechos.
Durante la exposición, Frangie sostuvo que la Defensoría atravesó una transformación en su agenda institucional. Según explicó, el organismo dejó de atender principalmente reclamos relacionados con el Estado municipal para involucrarse cada vez más en situaciones complejas vinculadas a la crisis económica, la digitalización de los servicios y las dificultades de acceso a derechos básicos.
Uno de los ejes centrales del informe fue el crecimiento de las estafas digitales y los fraudes financieros. La Defensoría intervino en numerosos casos de ciberdelitos y vulneraciones económicas, logrando resoluciones favorables en cerca del 30% de las denuncias atendidas.
Los datos oficiales indican que durante el último año se registraron 243 casos de cobros desconocidos, 218 casos de vulneración por intrusión de terceros (ciberestafas) y 53 situaciones vinculadas a refinanciación crítica de deudas. El informe también reveló que las pérdidas económicas denunciadas alcanzaron los $711.401.055, entre ciberdelitos y débitos desconocidos.
Frangie advirtió además sobre el impacto de la digitalización en sectores vulnerables. En ese sentido, remarcó que plataformas como CIDI y Mi Argentina continúan representando barreras para muchos ciudadanos, especialmente adultos mayores y personas con menor acceso tecnológico.
En relación con los servicios públicos, el informe reflejó numerosas quejas vinculadas a EMOS, principalmente por incrementos tarifarios y demoras en la implementación de tarifas sociales. También se expresó preocupación por una eventual eliminación del beneficio de Zona Fría, que hoy permite descuentos en las tarifas de gas para miles de familias.
Otro de los puntos destacados fueron los reclamos relacionados con obras de infraestructura, especialmente los problemas derivados de la obra de circunvalación, la Ruta 30 y la autovía de Holmberg, situaciones que continúan generando inquietud entre vecinos y usuarios.
En el área jurídica y habitacional, la Defensoría informó un fuerte crecimiento de las consultas por alquileres. Según precisó Frangie, alrededor del 30% de los riocuartenses alquila vivienda y durante el último año se atendieron más de 1300 consultas relacionadas con contratos, aumentos y conflictos habitacionales.
El informe también reflejó el aumento de intervenciones vinculadas a discapacidad, salud y acceso a prestaciones sociales. Desde la institución señalaron que muchas de las dificultades están asociadas a barreras burocráticas y administrativas, especialmente en trámites relacionados con el Certificado Único de Discapacidad.
En cuanto a las estadísticas generales, la Defensoría registró 1.430 consultas jurídicas durante el período analizado. Los temas más frecuentes estuvieron relacionados con contratos (30%), herencias y sucesiones (26%), compra-venta (13%) y conflictos vinculados a vehículos y escrituras.
Por otra parte, entre las entidades más reclamadas aparecieron la Municipalidad de Río Cuarto, multas, EPEC, EMOS y Rentas.
Finalmente, Frangie sostuvo que la Defensoría enfrenta una realidad social cada vez más compleja y señaló que muchas de las demandas actuales están atravesadas por la exclusión digital, la precarización económica y las dificultades para ejercer derechos esenciales.
