El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y cobro de sobornos en el marco de la causa Skanska.
La sentencia también alcanzó a exdirectivos de la empresa sueca Skanska y a otros intermediarios involucrados en la investigación. De las 30 personas que llegaron al juicio oral, iniciado en 2024, 17 fueron absueltas.
Entre los condenados se encuentran Mario Piantoni, exmáximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, expresidente de Skanska Argentina; y Javier Azcárate, exgerente comercial, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión.
En tanto, los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional.
El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal N°4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.
El origen del caso Skanska
La causa Skanska fue el primer caso de presunta corrupción que salió a la luz durante el primer mandato de Néstor Kirchner. La investigación se centró en el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la empresa sueca para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos nacionales en 2004.
Según la acusación, la maniobra se habría ocultado mediante un circuito de facturación apócrifa, con la utilización de más de veinte empresas fantasma que emitían comprobantes por servicios inexistentes para justificar el pago de coimas.
Una de las pruebas centrales del expediente fue una grabación realizada dentro de la propia empresa, en la que un ejecutivo hacía referencia al pago de sobornos vinculados con la adjudicación de las obras.
Julio De Vido ya registra otra condena firme por la tragedia ferroviaria de Once. En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que le impuso cuatro años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
