El proceso en la Legislatura provincial entra en su instancia decisiva. Se evalúa el accionar de los funcionarios en la investigación del crimen ocurrido en 2006 en Río Cuarto.
El jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro avanza hacia su definición con el inicio de los alegatos finales, en una instancia clave que se desarrolla en la Legislatura de Córdoba.
Luego de varias jornadas de audiencias, en las que declararon los acusados, testigos y peritos, el tribunal retoma la actividad para analizar posibles responsabilidades por presunto mal desempeño e irregularidades en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006.
Durante la etapa testimonial, el debate giró en torno a la conducción de la causa a lo largo de casi dos décadas, con especial foco en el manejo de pruebas y las distintas líneas investigativas desarrolladas.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Marcelo Macarrón, quien cuestionó el accionar de los fiscales. “Son tres delincuentes”, afirmó durante su exposición ante el tribunal.
También formó parte del proceso el actual fiscal de la causa, Pablo Jávega, quien defendió la legalidad de las pericias genéticas incorporadas en los últimos años. “Las pruebas se realizaron dentro del marco legal vigente”, sostuvo en su declaración, en referencia al perfil que apunta a Roberto Bárzola como principal sospechoso.
Desde las defensas de los acusados, en tanto, se planteó que durante sus gestiones se exploraron todas las hipótesis posibles, mientras que la querella vinculada a la familia de la víctima insistió en la existencia de errores y omisiones que habrían condicionado el avance del expediente.
“Se cometieron fallas graves que contribuyeron a que el caso continúe sin resolución”, señalaron representantes de la acusación.
Con el cierre de esta etapa, el jurado se encamina a emitir un veredicto que será determinante para la situación de los fiscales involucrados. La resolución definirá si continúan en sus cargos o si son destituidos, en el marco de uno de los casos judiciales más resonantes de la provincia de Córdoba.