En el marco de la Cuarta Marcha por el Derecho a la Salud Mental, la psicóloga e integrante del colectivo organizador advirtió sobre el impacto de la crisis económica y social en la salud de la población. También expresó su preocupación por una posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y reclamó respuestas del Estado.
La Plaza Roca fue escenario de la Cuarta Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Río Cuarto, una movilización que reunió a organizaciones, colectivos y personas comprometidas con la defensa de la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. Bajo la consigna “La salud mentalista que arde”, la convocatoria buscó visibilizar la situación del sector y expresar la preocupación ante una posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
En ese contexto, Casandra Gaspar, psicóloga e integrante del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental de Río Cuarto, explicó que uno de los principales objetivos de la movilización fue poner en discusión los cambios que se plantean sobre la legislación vigente.
“Lo que estamos haciendo hoy es problematizar y visibilizar una situación que tiene que ver con la reforma de la Ley de Salud Mental actual, la cual suponemos que va un poco en detrimento de los derechos de usuarios y usuarias del sistema de salud”, señaló.
La salud mental como un derecho colectivo
Gaspar remarcó que la discusión sobre las políticas de salud mental no involucra exclusivamente a quienes atraviesan alguna problemática o utilizan los servicios de atención, sino que interpela a toda la sociedad.
“En realidad es porque la salud mental tiene que ver con todos y con todas”, sostuvo. Y agregó: “A razón de derechos conquistados, el cuidado de esos derechos y las garantías de derechos que tenemos, es más posible el cuidado de nuestra salud mental”.
En esa línea, planteó que el acceso a condiciones de vida dignas y el respeto por los derechos fundamentales son aspectos indispensables para pensar el bienestar individual y colectivo. “Es difícil pensar en una salud mental cuidada si no tenemos garantizados nuestros derechos”, enfatizó.
La crisis económica y social y su impacto en la salud mental
Durante la entrevista, la psicóloga también se refirió al contexto económico y social y a las dificultades que atraviesa una parte importante de la población para acceder tanto a los servicios de salud como a la satisfacción de sus necesidades básicas.
“Vivimos en un contexto de crisis actual donde no solamente se ve más dificultado el acceso a servicios de salud, sino también cubrir necesidades básicas”, advirtió.
Entre los factores que profundizan esta situación mencionó la crisis laboral y económica, además de los niveles de violencia que se manifiestan en la vida cotidiana.
“Se han agudizado algunas problemáticas y ahí es donde tiene que responder el Estado mediante políticas públicas en materia de salud mental”, afirmó.
Para Gaspar, este escenario plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas y garantizar respuestas que contemplen la complejidad de las situaciones que atraviesan las personas y las comunidades.
La responsabilidad del Estado y el compromiso comunitario
Consultada sobre quiénes deben asumir un papel central en el abordaje de estas problemáticas, Gaspar sostuvo que existe una responsabilidad compartida entre los distintos niveles del Estado, aunque aclaró que el principal garante de los derechos debe ser el sector público.
“Los diferentes niveles del Estado tienen diferentes responsabilidades”, explicó.
Al mismo tiempo, destacó la importancia de involucrar a la sociedad en el cuidado colectivo de la salud mental y promover una perspectiva comunitaria que permita construir respuestas desde distintos espacios.
“Si convocamos a la población en general a involucrarse, a trabajar desde una perspectiva comunitaria, entendiendo que todas las personas tenemos algo para aportar, sí, obviamente el principal responsable es el Estado en sus diferentes niveles”, expresó.
La Cuarta Marcha por el Derecho a la Salud Mental volvió a instalar en las calles de Río Cuarto el debate sobre el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales que protegen este derecho. La movilización también puso el foco en la necesidad de sostener políticas públicas, garantizar el acceso a la atención y fortalecer las redes comunitarias frente a un contexto de creciente vulnerabilidad social.