El joven de 22 años fue hallado culpable del crimen de su compañera de facultad. Los jurados populares avalaron los agravantes por femicidio y criminis causa.

En un fallo contundente, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de Córdoba condenó este miércoles a cadena perpetua a Néstor Soto, el joven oriundo de Bariloche acusado del femicidio de Catalina Gutiérrez. La víctima, de 21 años, era su compañera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba.

El crimen ocurrió en julio de 2024, cuando Soto asesinó a Gutiérrez en su departamento y luego intentó encubrir el hecho prendiendo fuego su cuerpo dentro de un auto en un descampado de barrio Kennedy.

Un fallo con perspectiva de género

El tribunal, acompañado por jurados populares, consideró por mayoría que se trató de un femicidio y avaló el agravante de criminis causa, que se aplica cuando el homicidio busca ocultar otro delito o asegurar la impunidad del agresor.

Durante la última audiencia, el fiscal de la causa, Marcelo Sucardi, destacó la violencia de género presente en el crimen y sostuvo: “Si en lugar de Catalina hubiera habido un varón, ¿podría haber hecho lo que hizo y como lo hizo Néstor Soto? Si la respuesta es no, entonces estamos en presencia de un femicidio”.

En contraposición, la abogada defensora Ángela Burgos Niño intentó que el tribunal descartara los agravantes y considerara el hecho como homicidio simple, lo que hubiera reducido significativamente la pena.

Dolor y pedido de justicia

Durante la lectura del fallo, Eleonora Vollenweider, madre de Catalina, expresó su conmoción y la profunda pérdida que significó el crimen de su hija: “Se merece la pena máxima y lo peor. No murió solo Catalina, nos mató a todos los familiares. Nos mató proyectos, futuros, rutinas”, declaró entre lágrimas.

El caso de Catalina Gutiérrez se suma a la alarmante cifra de femicidios en Argentina, donde, según datos de organizaciones especializadas, una mujer es asesinada cada 30 horas. Su familia y allegados esperan que esta condena marque un precedente en la lucha contra la violencia de género y refuerce la necesidad de políticas públicas efectivas para prevenir estos crímenes.

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