El funcionario presentó declaraciones juradas rectificadas, reconoció la existencia de ahorros no declarados por más de 500 mil dólares y atribuyó el origen de esos fondos a inversiones en Bitcoin realizadas antes de ingresar al Gobierno. La causa ahora avanza en la Justicia federal.
La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa decisiva luego de la presentación de nuevas declaraciones juradas destinadas a justificar su patrimonio. El funcionario reconoció la existencia de ahorros no declarados por más de 500 mil dólares y sostuvo que esos fondos provienen de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, antes de su llegada a la función pública.
Las explicaciones fueron presentadas en medio de una investigación judicial que busca determinar si existió enriquecimiento ilícito o si el incremento patrimonial registrado durante los últimos años puede ser respaldado con ingresos obtenidos en el ámbito privado. La causa tomó impulso tras conocerse adquisiciones inmobiliarias, gastos familiares y movimientos económicos que generaron cuestionamientos sobre la evolución de sus bienes.
Según explicó Adorni, parte importante de su patrimonio se originó en inversiones tempranas en criptomonedas. El funcionario aseguró que invirtió alrededor de 200 mil dólares y que posteriormente obtuvo ganancias cercanas a los 300 mil dólares. No obstante, la Justicia deberá analizar la documentación que respalda esas operaciones y verificar la trazabilidad de los fondos.
Uno de los aspectos que concentra la atención de la investigación es la diferencia entre los ingresos declarados como funcionario y otros recursos consignados en sus presentaciones patrimoniales. De acuerdo con la declaración jurada rectificatoria presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó durante 2025 ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias por más de 270 millones de pesos, una cifra ampliamente superior a sus haberes como integrante del Gobierno nacional.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información a distintos organismos, entre ellos ARCA, ANSES y registros públicos, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial y laboral del actual jefe de Gabinete desde 2012.
La próxima etapa del expediente quedará bajo análisis del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si las explicaciones aportadas por Adorni resultan suficientes para justificar el origen de los fondos observados o si corresponde profundizar las medidas de prueba.
Entre los elementos que podrían ser determinantes figuran las operaciones con criptomonedas mencionadas por el funcionario, la correspondencia entre esos activos y los bienes adquiridos posteriormente, además de la consistencia entre las declaraciones juradas originales y las rectificaciones presentadas recientemente.
Mientras tanto, la causa continúa abierta y la Justicia deberá definir si las explicaciones brindadas permiten despejar las sospechas sobre su patrimonio o si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas investigaciones.
