La falta de un nuevo Presupuesto Nacional genera incertidumbre económica y complica la relación fiscal con las provincias. Preocupación por el impacto en temas clave como deuda, jubilaciones y financiación educativa.
Con el inicio del 2025, la Argentina enfrenta un desafío económico sin precedentes: operar bajo un presupuesto prorrogado de 2023, aprobado hace más de dos años y desfasado por una inflación cercana al 600%. La decisión del gobierno de Javier Milei de no convocar a sesiones extraordinarias para debatir un nuevo Presupuesto Nacional ha generado una ola de incertidumbre, especialmente en las provincias.
“Esta decisión permite al Gobierno Nacional actuar con gran discrecionalidad, ya que no está obligado a detallar ni discutir sus planes económicos para el próximo año”, advirtió Eduardo González Olguín, economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, en declaraciones a Canal 10. Además, el experto señaló que esta medida evita tensiones legislativas, considerando los bajos números de La Libertad Avanza en el Congreso.
Las provincias, entre la espada y la pared
La falta de un presupuesto actualizado impacta directamente en las provincias. En el caso de Córdoba, persisten dudas sobre el pago de la deuda que el Estado Nacional mantiene con la Provincia, un tema que se agrava en un contexto de ajuste fiscal. “Probablemente la Provincia deba buscar mecanismos propios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, además de continuar asumiendo gastos como el Fonid para los docentes”, explicó González Olguín.
El especialista también alertó sobre la posibilidad de que el 2025 traiga mayores recortes para las provincias, una estrategia que el presidente Milei ha mencionado en reiteradas oportunidades como parte de su plan para reducir el gasto público.
Incertidumbre en un contexto de crisis
El panorama económico del país no ofrece alivio: con una inflación descontrolada, la falta de un nuevo Presupuesto Nacional agrava las dificultades de planificación y financiación tanto para el gobierno central como para las administraciones provinciales. La decisión de prorrogar el presupuesto también plantea interrogantes sobre cómo se manejarán temas sensibles como la inversión en infraestructura, salud y educación.
En este escenario, las provincias podrían enfrentar un 2025 marcado por la austeridad y la búsqueda de recursos propios para cubrir sus necesidades, mientras el gobierno nacional evita comprometerse con una “Ley de leyes” que podría desatar un nuevo frente de batalla político.
El nuevo año comienza con más preguntas que respuestas, y un mensaje claro: las provincias tendrán que prepararse para sortear un camino económico cuesta arriba, mientras las decisiones nacionales siguen postergándose.
