El Gobierno quedó expuesto negativamente ante la ciudadanía, y en la vereda opuesta al amplio sentimiento de apoyo a la educación pública, ratificado en las marchas multitudinarias y los actos realizados en todo el país.
OPINIÓN
CARLOS HELLER
DIRIGENTE COOPERATIVISTA
Hubo en estos días de debate público sobre la educación superior –su sostenimiento, su aporte al desarrollo nacional, su contribución a la inclusión de jóvenes de distintos estratos sociales– una síntesis con la que es muy difícil estar en desacuerdo. Dijo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): «La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como Nación. Es el presente y el futuro de nuestro país y un orgullo de las y los argentinos».
Sin embargo, contra esa acumulación de conocimientos y consolidación de una herramienta básica para encontrar soluciones a los profundos problemas socioeconómicos del país, prevaleció el veto presidencial a la ley que aseguraba el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Pudo más, en la Cámara de Diputados, el argumento del equilibrio fiscal, conseguido a fuerza de tijeras sobre el gasto, que casi invariablemente recortan partidas con sentido social e igualitario.
Lo que quedó claro tras el veto en el Congreso es que, más que conseguir un éxito, al quedarse con el 0,14% del PIB que hubiera insumido la iniciativa, el Gobierno quedó expuesto negativamente ante la ciudadanía, y en la vereda opuesta al amplio sentimiento de apoyo a la educación pública, ratificado en las marchas multitudinarias y los actos realizados en todo el país.
La cuestión es que la votación era sobre el veto presidencial, pero tenía un alcance mucho mayor. Lo definió el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez: «No solamente estamos discutiendo el financiamiento de las universidades y de la educación pública, sino que se está dando una discusión sobre el modelo de país». Añadió Martínez: «Si el presidente Milei quiere una Argentina con el 80% de excluidos, es absolutamente razonable que quiera hacer añicos la educación pública».
La erosión
En este terreno, como también con el veto a la ley que mejoraba los haberes jubilatorios, la tendencia consiste, bajo el latiguillo de la «libertad», en ir destruyendo paso a paso las bases del Estado presente que, aún perfectible, se fue construyendo durante décadas en el país.
El enfoque de la erosión del Estado se observa asimismo en la discusión sobre el presupuesto nacional de 2025, que me lleva a reiterar que no somos partidarios de cuentas públicas desequilibradas, pero sí somos enemigos del ajuste como instrumento para resolver los déficits. Existen, en este sentido, otros instrumentos que fomentan el crecimiento económico y la agregación de valor, que garantizan protección a los sectores productivos de la economía nacional y que mejoran la distribución del ingreso, con impuestos progresivos, entre otras medidas.
Por lo demás, la supuesta inelasticidad del gasto se contradice con decisiones como el proyectado aumento de recursos para la Secretaría de Inteligencia (DNU rechazado por el Congreso), o los beneficios fiscales en el impuesto a Bienes Personales en provecho de los sectores más ricos de la sociedad.
El objetivo de reducir el déficit fiscal se puede conseguir con mayor recaudación, en un marco de expansión de la actividad económica. O, como se ha demostrado no mucho tiempo atrás, a través de impuestos a sectores con mayor capacidad contributiva, como fue el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas.
El camino elegido por la Casa Rosada, en cambio, es el que condujo a la drástica recesión actual, con una inflación que se exhibe como moderada, aunque sigue causando estragos en los sectores de ingresos fijos, particularmente trabajadores/as y jubilados/as.
El aumento del desempleo y de la desigualdad, junto con la pobreza y la indigencia crecientes, no hicieron otra cosa que deprimir aún más el mercado interno, iniciando una nueva ronda decreciente en el consumo y posteriormente en la producción.
La destrucción del Estado planteada por el presidente parece ser una etapa más avanzada que las vividas en anteriores experiencias neoliberales, a las que defino como las 4M (por Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei). En la fase actual, el anarcocapitalismo, un supuesto capitalismo sin Estado, el desafío de los sectores populares consiste en emprender una batalla cultural más profunda que las anteriores.
Fuente: Acción Coop
