El Consejo Superior de la UNC declaró la crisis en materia salarial de los claustros docentes y no docente en todas sus funciones y solicitó elevar el pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional, al Ministerio de Capìtal Humano, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
En el documento aprobado sobre tablas, el cuerpo respaldó el reclamo salarial motorizado por los y las trabajadoras ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias que se vienen realizando.
El texto recuerda que desde noviembre de 2023 el salario del personal universitario cayó hasta un 45% en términos reales. Y agrega que desde diciembre del año pasado no se actualiza la garantía salarial para quienes tienen menor antigüedad en sus puestos.
En esa línea, subraya que los colegios preuniversitarios sufren un impacto adicional por la cancelación del Fonid. Y advierte que todo ello agudiza la crisis económica que atraviesan las obras sociales universitarias.
La declaración también hace foco en la disminución, en términos reales, de las transferencias del «Programa de Desarrollo de la Educación Superior». Señala que como consecuencia directa se han suspendido financiamientos de apoyo para actividades como participación en congresos, publicaciones, subsidios para estudios científicos y proyectos de extensión.
El documento no solo menciona la falta de ejecución de financiamientos para proyectos de investigación en marcha, por parte de la cartera nacional de Ciencia y Tecnología, sino también el insuficiente incremento de los montos para programas y dispositivos de asistencia estudiantil, como las becas.
En la declaración, el Consejo Superior ratifica que las tareas de docentes y no docentes deben ser jerarquizadas para garantizar la excelencia en las funciones de enseñanza, investigación y extensión.
En los párrafos finales, enfatiza que el Gobierno nacional es el responsable en la negociación salarial y quien debe gestionar la manera de recomponerlos. Recuerda, por último, que la promoción de una educación inclusiva y de calidad es una obligación indelegable del Estado argentino.
