La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias, el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional.
Se trata de fondos coparticipables que normalmente son destinados a infraestructura escolar y compra de materiales didácticos, entre otras finalidades, que los gobiernos provinciales pudieran disponer.
A través del Decreto 231/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional prorrogó el artículo 7 de la ley 26075 de Financiamiento Educativo y enviará los fondos a las provincias, que son destinados a “cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”, según lo establece en su artículo primero.
Sin embargo, no está prevista la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), destinados directamente a los docentes como una parte adicional de sus salarios.
En los considerandos, la normativa señala que dicho artículo de la Ley de Financiamiento Educativo, dispuso durante un lapso de 5 años «una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA».
«La situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada. Por ello, resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo 26.075», agrega.
La incógnita queda planteada en función de uno de los considerandos del decreto, cuando detalla que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.
Por ahora, esa cuestión no está saldada, aunque el decreto con la prórroga del artículo que dispone fondos para las provincias en materia educativa, llega justo antes de la reunión con los gobernadores provinciales en el marco de las negociaciones por el llamado “Pacto de Mayo”.
