Con el fin de reflexionar y debatir sobre los derechos conquistados respecto a la Ley 27.610 sobre el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, se realizó un encuentro en el Viejo Cook el pasado viernes.
Fue en el marco del pasado jueves, 28 de septiembre, donde se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta fecha se eligió con el objetivo de visibilizar el aborto inseguro y clandestino como primera causa de mortalidad de las personas con posibilidad de gestar en distintos países de América Latina, y a la vez como estrategia para potenciar el reclamo colectivo por la legalización de esta práctica.
“Se trata de un espacio (el taller) para sensibilizar sobre el acceso a derechos sexuales y libertad reproductiva y en específico sobre IVE se buscará reflexionar sobre los derechos conquistados”, expresó Melisa Tortú, subsecretaria de las Mujeres y miembro de la Mop (Mesa de organizaciones peronistas). Fue organizado por la Mop, el Consejo Municipal de Género y Promotoras Territoriales Micaela García.
Por su parte, Carolina Bustos, integrante de Promotoras Territoriales Micaela García, manifestó que el encuentro estuvo destinado a aquellas personas que hacen acompañamiento y/o que tienen distintos espacios comunitarios. Además, precisó que el taller estuvo dividido en dos momentos: “Identificar cuáles son las barreras en los distintos sectores de Río Cuarto para acceder al IVE. Por otro lado, pensar estrategias sobre como fortalecer las redes, tanto comunitarias como institucionales, como también crear nuevas para que el acceso sea más eficáz”.
Resultados sobre la Ley IVE en Argentina
La iniciativa “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” -coordinada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health- publicó los resultados del relevamiento del cumplimiento de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina correspondiente al 2022.
El informe puso a la luz diversos factores positivos durante el año pasado con respecto a la implementación de la ley. En primer lugar, aumentaron un 98% los servicios de salud pública que dieron acceso al servicio del aborto, mientras que los prestadores se incrementaron un tercio, a 4.966 en 2022.
Otro aspecto destacable es la cantidad de profesionales de la salud que se capacitaron para garantizar el derecho al aborto: 500 integrantes de equipos de salud completaron el curso virtual “El aborto en la Argentina: herramientas conceptuales y operativas para la implementación plena de la Ley 27.610”, y cerca de 300 personas de equipos de salud participaron de capacitaciones presenciales en 12 provincias.
Por otro lado, la producción de misoprostol -medicamento recetado que se utiliza legalmente para la inducción del aborto- se fortaleció, con un aumento de 26.388 comprimidos en 2020 a 1.083.600 en 2022.
No obstante, el estudio advirtió sobre las desigualdades que persisten en el acceso al aborto en las distintas jurisdicciones del país. Según el Proyecto mirar, no todas las provincias producen informes de gestión para dar cuenta de las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto.
