Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) realizarán dos jornadas de paro esta semana, en el marco del plan de lucha impulsado por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC). Las medidas están previstas para este martes 3 y el jueves 5 de noviembre y forman parte de un cronograma de protestas que se extenderá durante el resto del mes.
El reclamo central apunta a exigir al Gobierno nacional una recomposición salarial urgente y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de conflicto por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas y la actualización de los ingresos de sus trabajadores.
Según lo resuelto por el gremio, las medidas de fuerza continuarán los días 12, 16, 17 y 27 de noviembre. De esta manera, el sector nodocente profundizará las acciones gremiales frente a la falta de respuestas a sus demandas.
ATURC amplía el plan de lucha durante noviembre
Además de los paros, la organización sindical resolvió acompañar el próximo 5 de noviembre la Marcha sobre Salud Mental. También definió avanzar con un plan de acción que incluirá pintadas para mantener visible la problemática social y universitaria.
Otra de las iniciativas será realizar un reclamo dirigido a los legisladores nacionales por Córdoba para que acompañen la incorporación, en el Presupuesto 2027, de los fondos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entidad a la que pertenece ATURC, ratificaron la continuidad del plan de lucha y señalaron: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».
La medida se enmarca en la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias entre los sindicatos universitarios y el Gobierno nacional, además de la disputa por el presupuesto destinado al funcionamiento, la investigación y el sostenimiento de las casas de altos estudios.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto con el Gobierno de Javier Milei tiene como uno de sus principales ejes la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, que rechazaron el veto presidencial.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas presupuestarias correspondientes.
Desde los sectores universitarios cuestionaron esa decisión y reclamaron que se pusieran en marcha los mecanismos previstos para actualizar los salarios docentes y nodocentes, además de garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones.
En ese escenario, la Justicia declaró la inconstitucionalidad del decreto que suspendía la aplicación de la norma y ordenó su cumplimiento inmediato, según los antecedentes judiciales mencionados en la información difundida. El Gobierno nacional, por su parte, presentó recursos de apelación para evitar su aplicación.
Presupuesto universitario y reclamo salarial
La discusión sobre el financiamiento de las universidades también se proyecta sobre el debate del Presupuesto 2027. En ese sentido, ATURC busca que los representantes cordobeses en el Congreso acompañen la incorporación de los recursos establecidos por la legislación vigente.
Para el sector nodocente, la recomposición salarial constituye una demanda central frente a la pérdida de poder adquisitivo y la falta de avances en las negociaciones paritarias.
Con las jornadas previstas para noviembre, el gremio mantiene abierto el conflicto y suma distintas modalidades de protesta para visibilizar sus reclamos. El cronograma anunciado incluye cinco fechas de paro durante el mes, además de actividades de acompañamiento y acciones de difusión.
La continuidad de las medidas dependerá del desarrollo del conflicto y de las respuestas que el Gobierno nacional brinde a los planteos de los trabajadores universitarios.