La Unión Cívica Radical (UCR) reclama cambios en el proyecto de Presupuesto 2027 para acompañar su aprobación en la Cámara de Diputados. Entre sus principales pedidos, la bancada exige reforzar las partidas destinadas a las personas con discapacidad y mantener la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar.
El bloque radical, integrado por seis diputados nacionales y presidido por Pamela Verasay, es uno de los espacios aliados que el oficialismo necesita para avanzar con la iniciativa presupuestaria. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Gobierno apunta a sancionar el proyecto el 18 de noviembre.
La posición de la UCR introduce condiciones en la negociación parlamentaria, en un contexto en el que el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar las cuentas nacionales del próximo año.
Discapacidad: el reclamo por más recursos
Uno de los principales planteos del radicalismo es incorporar al Presupuesto las disposiciones del dictamen de mayoría sobre discapacidad y eliminar los artículos que modifican aspectos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en el sector.
La bancada respalda una propuesta que mantiene el nomenclador nacional y establece un mecanismo permanente de actualización de las prestaciones por discapacidad y de las pensiones no contributivas por invalidez.
Para los legisladores radicales, no alcanza con sostener las disposiciones legales: también deben asignarse los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. El reclamo coincide con los planteos de otros bloques opositores y de espacios aliados, entre ellos el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Por Santa Cruz.
La discusión se produce después de que el Poder Ejecutivo incorporara al proyecto presupuestario cuatro artículos que modificaban puntos centrales de la Ley 27.793. La iniciativa generó cuestionamientos de distintos sectores políticos, incluidos bloques que suelen acompañar al Gobierno nacional.
AUH y asignaciones: el rechazo al fin de la movilidad
Otro punto de conflicto es la eliminación del ajuste automático por inflación de distintas prestaciones sociales. La UCR pide conservar el mecanismo de actualización de la AUH, la AUE y la ayuda escolar, que el Poder Ejecutivo busca modificar mediante el Presupuesto 2027.
De acuerdo con la información difundida por NA, el Gobierno destina alrededor de 9,18 billones de pesos al pago de estos beneficios, que alcanzan a más de cuatro millones de personas.
El reclamo radical apunta a evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente a la evolución de los precios. La continuidad de la fórmula de actualización forma parte de las condiciones planteadas por el bloque para discutir su respaldo al proyecto.
La definición tendrá relevancia en las negociaciones presupuestarias, ya que la bancada radical mantiene vínculos políticos con gobernadores de ese espacio y constituye un aliado parlamentario habitual de La Libertad Avanza.
Universidades: fondos por debajo del reclamo del sector
El financiamiento universitario también permanece abierto en la discusión. Los diputados radicales esperan las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de definir una posición sobre los recursos previstos para 2027.
Según los datos consignados por NA, el proyecto contempla 7,3 billones de pesos para las universidades, mientras que las instituciones reclaman una asignación de 11 billones.
La diferencia entre ambas cifras será uno de los puntos que deberá analizar la bancada, junto con las partidas destinadas a discapacidad y las prestaciones sociales. La postura definitiva de los legisladores radicales dependerá de las respuestas del Gobierno y de los cambios que se incorporen al texto presupuestario.
Los pedidos adicionales del MID
En el marco de la discusión, el diputado nacional del MID Eduardo Falcone también solicitó modificaciones al proyecto. En declaraciones a NA, reclamó incorporar las disposiciones del dictamen de mayoría sobre discapacidad y aumentar las partidas destinadas a ese sector.
Además, pidió incrementar las Becas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.
Falcone también reclamó fondos para reactivar la construcción de la autovía entre Mercedes y Suipacha, con continuidad prevista hacia Bragado. Su propuesta contempla reasignar recursos remanentes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En materia vial, el legislador solicitó reactivar y finalizar un tramo de 27 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
La negociación por la emergencia en discapacidad
El debate presupuestario está vinculado con otra discusión legislativa sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad. Mientras La Libertad Avanza busca avanzar con una iniciativa para mantener determinados puntos de la ley, la oposición impulsa una prórroga de la emergencia por un año más.
El proyecto presupuestario contempla 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad. De ese total, 6,094 billones se destinarían a pensiones no contributivas por invalidez laboral y alrededor de 1,1 billones a la atención médica de sus beneficiarios.
Sin embargo, según las estimaciones citadas en la información de NA, la aplicación de la nueva normativa tendría un impacto fiscal de aproximadamente 600.000 millones de pesos en 2027. Por ese motivo, el reclamo de los bloques que respaldan la ley incluye reforzar las partidas previstas.
La definición de estos puntos, junto con la actualización de las asignaciones sociales y el financiamiento universitario, será central para determinar si el oficialismo consigue los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027.