El martes se realizará el último plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. Unión por la Patria busca cerrar acuerdos con bloques aliados, mientras La Libertad Avanza prepara una iniciativa propia.

La oposición acelera las negociaciones en la Cámara de Diputados para unificar un proyecto destinado a aliviar la situación de los deudores y regular algunas prácticas del sistema crediticio. El objetivo es llegar al último plenario de comisiones, previsto para este martes, con los acuerdos necesarios para avanzar con un dictamen de mayoría.

La discusión se da en paralelo con el armado de una propuesta propia de La Libertad Avanza, cuyos principales lineamientos todavía no fueron difundidos. Según trascendió, el oficialismo trabaja sobre medidas vinculadas con advertencias a los usuarios, educación financiera, concientización y sistemas de doble autenticación.

El debate se aceleró luego de que la Cámara baja aprobara en agosto el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para avanzar con el tratamiento de las iniciativas sobre morosidad. En aquella votación, el pedido reunió 133 votos y contó también con el respaldo de sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

La propuesta que negocia la oposición

Unión por la Patria logró unificar sus distintos proyectos y comenzó a negociar el texto con otros bloques opositores y dialoguistas. Entre los principales articuladores aparece Pablo Juliano, de Provincias Unidas, mientras que también participan de las conversaciones representantes de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Argentina Federal.

El proyecto que negocia la oposición plantea declarar una emergencia por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otro período. Entre las medidas incluidas aparecen límites a las tasas de interés nominales de tarjetas y billeteras virtuales, topes para gastos y comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses, según el monto de la deuda.

También contempla la eliminación de los intereses punitorios, aunque manteniendo la obligación de pagar el capital y los intereses compensatorios.

Otro de los puntos en discusión está relacionado con los sistemas de scoring utilizados por las billeteras virtuales. La propuesta busca otorgar herramientas a Defensa del Consumidor para exigir mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados para determinar las condiciones de los créditos.

El desafío de los bloques que impulsan el proyecto será conseguir las firmas necesarias para convertirlo en dictamen de mayoría y, posteriormente, reunir los votos en el recinto. Algunos espacios que acompañaron el emplazamiento de las comisiones no cuentan con representantes en esos cuerpos, por lo que su respaldo será especialmente relevante cuando la iniciativa llegue al pleno.

La morosidad de las familias

El debate parlamentario ocurre mientras los indicadores de incumplimiento crediticio se mantienen elevados. El último informe del Banco Central ubicó en 12,9% la morosidad de los créditos destinados a las familias en julio, el nivel más alto de la serie oficial según los datos difundidos en septiembre.

El dato de julio supone además una suba respecto del 12,8% registrado en junio. Dentro de las distintas líneas, la morosidad alcanzó el 16,9% en los préstamos personales y el 12,8% en las tarjetas de crédito.

En paralelo, estimaciones elaboradas a partir de datos de la Central de Deudores ubican en torno a 6 millones la cantidad de personas con problemas para afrontar sus obligaciones crediticias. El fenómeno abarca tanto al sistema bancario como al financiamiento otorgado por billeteras virtuales y otras plataformas.

Mientras la oposición plantea intervenir sobre las condiciones de endeudamiento y refinanciación, desde el Gobierno y el sector financiero se sostiene que el crecimiento del crédito también representa una señal de mayor acceso al financiamiento. El debate parlamentario de esta semana tendrá como eje, precisamente, qué herramientas utilizar frente al aumento de la mora y qué alcance tendrá la regulación sobre bancos, tarjetas y plataformas digitales.

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