Una revisión sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad hasta agosto de 2025 encontró una diferencia de más de $158.000 millones entre los registros de dos áreas clave. Parte de esas obligaciones no había pasado por los controles administrativos habituales y el dato quedó bajo análisis judicial.
Una auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros internos de deuda exigible del organismo. El relevamiento fue realizado tras la intervención de la agencia y abarcó el período hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue desplazado su entonces titular, Diego Spagnuolo.
El dato surge de la comparación entre la información presentada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). La diferencia exacta consignada en el informe es de $158.717.131.557,63, mientras que la DNASS fue el área que informó el mayor volumen de obligaciones pendientes.
Una deuda que no coincidía en los registros
La auditoría relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, contratos, equipos electrónicos, empleados y declaraciones juradas. En el caso de las obligaciones informadas por la DNASS, el informe advirtió además que podían existir imprecisiones en los importes y en su clasificación debido a errores de carga de los prestadores.
El relevamiento no determinó cómo estaba compuesto en su totalidad el monto de la diferencia. Sin embargo, señaló que parte de esas obligaciones no había atravesado los circuitos administrativos necesarios para quedar incorporada a los registros de deuda exigible.
La DNASS también quedó bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una investigación por un presunto fraude en los procesos de compra. Según la hipótesis fiscal citada por La Nación, se investigan posibles sobreprecios, deficiencias administrativas y presuntas coimas de hasta el 20%. Se trata de una investigación judicial en curso y no de hechos determinados judicialmente.
También observaron los mecanismos de pago
La auditoría cuestionó además el uso de la figura de Legítimo Abono, utilizada para pagar bienes o servicios ya entregados sin que hubieran completado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
El informe señaló que, hasta la fecha de corte, el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios. La auditoría también indicó que no pudo identificar qué pagos concretos habían sido realizados bajo esa modalidad.
En paralelo, el relevamiento detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. Dentro de ese universo, Suizo Argentina fue el proveedor que concentró el mayor monto, con $108.258 millones, principalmente por medicamentos del programa PACBI.
El hallazgo de los $158.717 millones de diferencia se suma así a los distintos elementos que la auditoría dejó bajo revisión de las autoridades y de la Justicia en torno al funcionamiento de la ex Andis durante la gestión de Spagnuolo.