El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas, endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en el archipiélago y ampliar las capacidades de Defensa en el extremo sur del país.

El mandatario hizo los anuncios mediante una cadena nacional grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por integrantes de su gabinete y referentes de La Libertad Avanza. El mensaje tuvo una duración de casi 20 minutos y fue emitido durante la noche.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó Milei al comienzo de su discurso. También sostuvo que los habitantes de las islas “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación” y cuestionó cualquier argumento basado en los referendos realizados en el territorio.

Las medidas contra las petroleras

Uno de los principales anuncios estuvo vinculado con el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration para avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas.

Milei anticipó que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en territorios bajo disputa de soberanía sin autorización argentina.

El Gobierno también buscará fortalecer los mecanismos de detección e intercambio de información para facilitar eventuales sanciones contra compañías, accionistas, directores y proveedores relacionados con esas operaciones.

Además, el Ejecutivo pretende avanzar con la inhabilitación para operar en territorio argentino de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos hidrocarburíferos en las islas sin autorización del Estado nacional.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, sostuvo el Presidente.

Una nueva base naval en Tierra del Fuego

La segunda medida anunciada por Milei estará vinculada con la política de Defensa. El Presidente anticipó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa.

El objetivo prioritario será avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, además de incrementar las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.

Según explicó el mandatario, la iniciativa apunta a convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur y la Antártida, en el marco de una política de mayor presencia argentina en el extremo austral.

El proyecto se vincula con la Base Naval Integrada de Ushuaia, una iniciativa que el Gobierno viene impulsando y para la cual busca financiamiento y cooperación internacional, particularmente de Estados Unidos.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía

Milei también anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tendrá tres ejes principales.

El primero será modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra compañías relacionadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

El segundo plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar una política transversal que involucre a la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Finalmente, el Ejecutivo buscará que el Congreso otorgue a ese organismo facultades para responder mediante herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o no estatales que, según la evaluación oficial, representen una amenaza para la seguridad nacional.

“No alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, afirmó Milei.

El petróleo y la preocupación por Sea Lion

La explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas se convirtió en uno de los principales focos de preocupación del Gobierno argentino.

El proyecto Sea Lion contempla tareas vinculadas con la exploración y eventual explotación de petróleo y es desarrollado por empresas que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Milei presentó el avance del proyecto como un nuevo desafío para la posición argentina. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo durante la cadena nacional.

El Gobierno anticipó que utilizará herramientas diplomáticas, económicas y judiciales para intentar impedir que las compañías vinculadas al proyecto puedan desarrollar actividades en Argentina.

El antecedente del buque en Ushuaia

La agenda sobre Malvinas también tuvo un episodio reciente en Tierra del Fuego. El pasado 25 de agosto, autoridades provinciales manifestaron su preocupación por la llegada del buque VS Promise, registrado bajo bandera británica, al puerto de Ushuaia.

La embarcación había realizado previamente operaciones de carga en la terminal de Río Cullen, en el norte fueguino, vinculada con la actividad hidrocarburífera.

La presencia del buque generó cuestionamientos debido a la vigencia de la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que desde 2011 establece restricciones para el amarre, permanencia y abastecimiento de embarcaciones con bandera británica en puertos de Tierra del Fuego.

El episodio volvió a poner en agenda la relación entre la actividad hidrocarburífera, los intereses británicos en el Atlántico Sur y la política argentina respecto de las islas.

El contexto internacional y la posición de Trump

El discurso de Milei también estuvo atravesado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la posición de Washington sobre las Malvinas.

Trump afirmó esta semana que suele revisar las posiciones de su administración y evitó comprometerse públicamente con la continuidad del respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las islas.

El Gobierno argentino interpretó esas declaraciones como una oportunidad diplomática. El propio Milei habló de “vientos de cambio favorables a nuestro reclamo” y vinculó la posición estadounidense con la alianza estratégica que mantiene su administración con Washington.

Sin embargo, la cuestión también está atravesada por las tensiones entre Estados Unidos y el Reino Unido en materia de Defensa y gasto militar dentro de la OTAN. Por eso, cualquier eventual modificación de la postura estadounidense sobre Malvinas deberá ser confirmada mediante decisiones concretas y no solamente a partir de declaraciones públicas.

En paralelo, el Gobierno británico mantiene su posición histórica respecto de las islas y sostiene que sus habitantes tienen derecho a determinar su propio futuro político.

La disputa por Malvinas vuelve al centro de la agenda

El Gobierno de Milei busca presentar las nuevas medidas como parte de una política de soberanía que combina diplomacia, Defensa y protección de los recursos naturales.

El Presidente sostuvo que la causa Malvinas “no pertenece a un gobierno ni a un partido político”, sino que constituye “una causa nacional”.

El anuncio se produce, además, después de que jugadores de la Selección argentina exhibieran una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El gesto se produjo pese al pedido previo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para evitar referencias al conflicto durante el encuentro.

Ahora, las medidas anunciadas por Milei deberán traducirse en instrumentos jurídicos concretos y, en el caso del proyecto de ley, atravesar el debate parlamentario. El alcance efectivo de las sanciones y de las nuevas herramientas de Defensa dependerá de su implementación y de la respuesta que adopten las empresas involucradas, el Reino Unido y otros actores internacionales.

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