Hasta el 23 de julio se habían iniciado 153 procedimientos preventivos de crisis ante la Secretaría de Trabajo, según datos oficiales. Con esa cifra, durante la gestión de Javier Milei ya se acumulan al menos 448 solicitudes, en un contexto de caída de empresas y deterioro del empleo registrado.
La situación de las empresas volvió a mostrar señales de deterioro durante los primeros meses de 2026. Hasta el 23 de julio se habían iniciado 153 procedimientos preventivos de crisis, un mecanismo al que las compañías deben recurrir antes de avanzar con despidos o suspensiones masivas por motivos económicos.
Los datos surgen de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública. La cifra implica que, tomando únicamente los días hábiles del período, se abrió en promedio más de un procedimiento por día.
Con estos nuevos casos, durante la gestión de Javier Milei ya se acumulan al menos 448 procedimientos preventivos de crisis: fueron 131 en 2024, 164 en 2025 y 153 en los primeros siete meses de 2026.
Qué es un procedimiento preventivo de crisis
El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es una instancia de negociación obligatoria que las empresas deben iniciar ante la Secretaría de Trabajo cuando proyectan despidos o suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor.
El mecanismo reúne a representantes de la empresa, los sindicatos y el Estado para evaluar alternativas que permitan reducir el impacto sobre el empleo. Entre las opciones pueden figurar reducciones de jornada, adelantos de vacaciones, suspensiones o planes de retiro.
Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, el incremento de los casos refleja un escenario cada vez más extendido.
“El diálogo social está dando el máximo”, sostuvo el especialista, al analizar el aumento de empresas que recurren a este tipo de procedimientos.
También advirtió que se trata de una herramienta con limitaciones frente a una crisis que alcanza a distintos sectores de la economía. “Queda muchísimo más limitado para una situación como esta, que afecta prácticamente a toda la actividad económica y laboral del país”, señaló.
Caída de empresas y empleo
El aumento de los procedimientos se produce en paralelo a otros indicadores negativos para el sector privado. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en mayo se registró una caída neta de 2.371 unidades productivas, equivalente al 0,49% del total.
En materia laboral, los registros oficiales indican que 6.791 trabajadores registrados perdieron su empleo en mayo. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada del empleo asalariado registrado supera los 337.300 puestos, de acuerdo con los datos citados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El panorama también se reflejó en una nueva serie de conflictos y despidos en diferentes sectores y provincias, mientras los indicadores laborales de los últimos meses continúan sin mostrar una recuperación sostenida.
Un nivel que supera los años previos
La cantidad de procedimientos iniciados en 2026 también permite dimensionar el nivel de dificultad que atraviesan numerosas empresas. Solo en los primeros siete meses del año ya se registraron más trámites de este tipo que en cada uno de los años comprendidos entre 2020 y 2023.
Además, los 153 procedimientos contabilizados hasta julio igualan la cifra registrada durante todo 2018, uno de los períodos de mayor tensión económica de los últimos años.
Aunque no se difundió información detallada sobre la cantidad de trabajadores involucrados, los sectores más afectados o la distribución geográfica de los casos, el aumento de los procedimientos preventivos se suma a otros indicadores que reflejan las dificultades que enfrenta el sector privado y el mercado laboral en 2026.
