La ex presidenta presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al sostener que la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos vulneran garantías fundamentales y afectan sus derechos políticos.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de cuestionar la condena que la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. La ex mandataria sostiene que el fallo vulneró garantías fundamentales y constituye un caso de «proscripción» política.
La presentación fue acompañada por la publicación de una columna de opinión en medios internacionales y por una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, quienes oficializaron el inicio de la estrategia ante el organismo con sede en Ginebra.
El Comité de Derechos Humanos deberá evaluar en una primera instancia si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De superar esa etapa, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.
En su planteo, Fernández de Kirchner sostiene que el proceso judicial estuvo atravesado por irregularidades que afectaron las garantías de un juicio imparcial y considera que la intervención del Poder Judicial tuvo consecuencias sobre sus derechos políticos y sobre el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
La defensa de la ex presidenta incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien participó del equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, quienes trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi en la estrategia internacional.
Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Posteriormente, la Corte Suprema también confirmó el decomiso de bienes dispuesto en el expediente.
La ex mandataria afirmó que continuará utilizando las instancias previstas por el derecho internacional para sostener su planteo de inocencia y cuestionar la validez del proceso judicial que derivó en su condena.
