El Consejo Interuniversitario Nacional solicitó habilitar la feria judicial para avanzar con la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras denunciar que el Gobierno nacional no acató la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó a la Justicia que habilite la feria judicial para avanzar en el tratamiento de la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El planteo busca que se dicte una sentencia definitiva en el conflicto que mantiene con el Gobierno nacional por la ejecución de la norma.
La presentación fue realizada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, ante el juzgado en lo contencioso administrativo federal que permanece de feria. Según informó Ámbito, el pedido apunta a acelerar la resolución de una causa que las universidades consideran prioritaria para el funcionamiento del sistema universitario público.
¿Qué reclama el Consejo Interuniversitario Nacional?
Las universidades nacionales sostienen que el Gobierno nacional no cumplió con la medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Esos artículos contemplan la recomposición de los salarios del personal docente y no docente, además de la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
En el escrito presentado ante la Justicia, Bartolacci sostuvo que el conflicto se extiende desde la sanción de la ley y cuestionó la falta de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.
«Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026», expresó el presidente del CIN.
La causa sigue en trámite
La discusión de fondo gira en torno a la constitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional resiste la aplicación de la ley. Esa cuestión permanece bajo análisis del juez Martín Cormick, quien solicitó al fiscal de feria que dictamine sobre el pedido de habilitación para continuar con el expediente durante el receso judicial.
En su presentación, Bartolacci remarcó la relevancia institucional del proceso y afirmó que la resolución tendrá impacto sobre todo el sistema universitario argentino.
«Esta es, sin dudas, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales; todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva», sostuvo.
El conflicto por el financiamiento universitario se mantiene abierto desde la aprobación de la ley por parte del Congreso y se convirtió en uno de los principales ejes de tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno, en un contexto marcado por reclamos de la comunidad educativa por mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
