La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos durante la 11ª sesión ordinaria de 2026 del 148º período legislativo. La nueva normativa incorpora herramientas administrativas y judiciales para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas o que, por su estado de abandono o deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y, en distintos momentos, también fue presidida por el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta de la Cámara, Julieta Rinaldi.
La iniciativa aprobada compatibiliza un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial con propuestas presentadas por los legisladores Oscar Agost Carreño y Oscar Saliba. Según la información oficial a la que accedió CBAHOY, se trata de la primera legislación de estas características sancionada en el país.
¿Qué establece la nueva normativa?
La Ley Antibúnker crea un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, además de edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos.
La norma prevé que el Estado pueda intervenir cuando los inmuebles presenten «condiciones objetivas y verificables de deterioro relevante, desmantelamiento, riesgo de ruina o derrumbe que generen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana». También contempla los casos en que los edificios estén vinculados «de manera actual, anterior o reiterada» a actividades delictivas, especialmente cuando hayan sido utilizados como guaridas, aguantaderos o búnkeres.
Entre las medidas previstas figuran inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que podrán habilitar acciones preventivas como cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, respetando las competencias judiciales y el debido proceso.
Ministerio de Seguridad y Unidad Interagencial
La legislación establece que el Ministerio de Seguridad de Córdoba será la autoridad de aplicación general.
En los casos vinculados al microtráfico o al funcionamiento de búnkeres, el Ministerio de Justicia y Trabajo actuará como autoridad de aplicación especial, coordinando el régimen administrativo con la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Además, se crea una Unidad Interagencial integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, municipios y comunas.
El objetivo será coordinar acciones entre los distintos organismos competentes para la implementación de la ley.
Registro Provincial de Bienes Intervenidos
La nueva normativa también dispone la creación del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que estará a cargo de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos.
Su función será centralizar, sistematizar, actualizar y resguardar la información sobre los inmuebles alcanzados por la ley, garantizar la trazabilidad de las intervenciones y facilitar la planificación, seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
Antes de su tratamiento en el recinto, el proyecto obtuvo despacho favorable en las comisiones de Seguridad y de Legislación General de la Unicameral. Durante ese proceso participó el director de Política Judicial y Reforma Procesal de la Provincia, Pablo Sánchez Latorre.
En la misma sesión, la Legislatura también aprobó licencias para distintos legisladores, formalizó reemplazos temporarios y reconoció a empleados legislativos por sus años de servicio.
