La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por los presuntos delitos de desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en el marco del conflicto por el pago de prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Según la presentación judicial, la legisladora sostiene que el Ministerio de Salud no cumplió con una orden dictada el 23 de junio por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, que dispuso normalizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos correspondiente a las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
De acuerdo con la denuncia, la resolución judicial ordenó al Ministerio de Salud, al programa Incluir Salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) regularizar los pagos para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a titulares de pensiones no contributivas con discapacidad.
La presentación señala que, pese a haber sido notificada formalmente el 25 de junio mediante el sistema Lex 100, la cartera sanitaria no habría cumplido con lo ordenado por la Justicia.
En ese contexto, De la Sota afirma que la falta de ejecución de la medida afecta el acceso a tratamientos, rehabilitación y otros servicios esenciales para personas con discapacidad, además de comprometer el funcionamiento de instituciones prestadoras.
Como parte de la denuncia, la diputada incorporó documentación vinculada a la sentencia judicial, el oficio de notificación y distintos informes elaborados por instituciones prestadoras, entre ellas el Pequeño Cottolengo Don Orione y el Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación Villa Buscha.
En el escrito también solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal del ministro y que se requieran informes al Ministerio de Salud para determinar las razones del presunto incumplimiento de la orden judicial.
La denuncia quedó radicada ante la Justicia Federal, que deberá evaluar la apertura de la investigación y las medidas de prueba solicitadas por la legisladora.
