La Ley Antibúnker fue presentada por Martín Llaryora y será tratada en la Legislatura. La iniciativa busca intervenir inmuebles vinculados al delito y al narcotráfico en Córdoba.
El gobernador Martín Llaryora presentó este miércoles el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que será debatida en la Legislatura de Córdoba y que propone nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, actividades delictivas y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.
La presentación se realizó en la sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario, con la participación de los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, además del legislador Facundo Torres. Según pudo saber CBAHOY, el proyecto busca establecer un régimen específico para actuar sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito.
Durante el acto, Llaryora sostuvo que la iniciativa constituye «un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses» y afirmó que «Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico». Además, expresó su expectativa de que el proyecto obtenga el mayor consenso posible durante su tratamiento legislativo.
La Ley Antibúnker prevé nuevas herramientas de intervención
La iniciativa crea un régimen administrativo y judicial destinado a intervenir de manera temprana inmuebles vinculados con actividades delictivas o que, por su estado de abandono o deterioro, favorezcan la comisión de delitos.
Entre las medidas previstas se incluyen inspecciones, informes técnicos y resoluciones que podrán habilitar acciones preventivas como clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, cerramientos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, respetando las competencias judiciales y el debido proceso.
En los casos relacionados con investigaciones por narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la que podrá disponer desalojos, demoliciones o la restitución de las propiedades a sus legítimos propietarios.
Al referirse al alcance del proyecto, el gobernador señaló: «La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir». Agregó además que el objetivo es «llevar tranquilidad a los vecinos y poner intranquilos y bajo las rejas a los delincuentes».
Registro Provincial y trabajo conjunto contra el delito
El proyecto también contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos destinados a coordinar el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que la propuesta surgió del análisis conjunto con fiscales y fuerzas de seguridad sobre inmuebles y vehículos utilizados para cometer delitos. Según indicó, muchas de esas propiedades compartían características como el abandono, el desuso o el deterioro, lo que facilitaba su utilización por organizaciones criminales.
«El gobernador pidió avanzar en un proyecto de ley que sea sólido y, fundamentalmente, expeditivo, a los fines de que las fuerzas de seguridad cuenten con una herramienta rápida y efectiva a la hora de intervenir sobre determinados inmuebles», expresó López.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que la iniciativa «antes de ser una herramienta legal, fue una decisión política» y remarcó la importancia de la coordinación entre los distintos poderes del Estado para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.
Cómo se distribuirán los bienes decomisados
Otro de los ejes del proyecto establece un esquema para administrar los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico.
La propuesta dispone que el 60% de esos recursos sea destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financie programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Además, la iniciativa invita a municipios y comunas de Córdoba a adherir al régimen mediante convenios de cooperación con la Provincia para facilitar la recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales.
Durante el cierre de la presentación, Llaryora repasó otras políticas implementadas por la Provincia en materia de seguridad, entre ellas la creación de fiscalías antinarcotráfico en el interior, la incorporación de tecnología, el programa Cordobeses en Alerta, el uso de armas de baja letalidad y la realización de narcotest a funcionarios. «Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo», afirmó.
