El concejal Pablo Benítez, junto al bloque Primero Río Cuarto, presentó un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal realizar un relevamiento integral de antecedentes penales de todo el personal de la Municipalidad de Río Cuarto, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, transparencia y seguridad dentro de la administración pública local.
La iniciativa surge en el marco del debate que se reabrió en toda la provincia tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba. El principal acusado del crimen, Claudio Barrelier, se había desempeñado como becario en la Municipalidad capitalina desde 2021, ingreso que un concejal oficialista admitió haber gestionado por fuera de cualquier concurso. El caso expuso, además, que Barrelier ya había sido imputado en 2025 por otro hecho de violencia de género, lo que derivó en cuestionamientos sobre los controles de antecedentes en la administración pública cordobesa y en la salida del edil que facilitó su ingreso.
En ese contexto, Benítez sostuvo: «El Estado debe ser el primero en garantizar que quienes cumplen funciones públicas reúnan las condiciones de idoneidad y conducta que la sociedad exige. La prevención también es una responsabilidad del Estado.» El concejal aclaró que la propuesta no busca estigmatizar a los trabajadores municipales, sino fortalecer los controles institucionales para dar mayor seguridad tanto a los empleados como a los vecinos que interactúan a diario con las distintas dependencias del municipio.
«No podemos esperar a que ocurra una tragedia para revisar los mecanismos de control. La prevención debe estar por encima de cualquier especulación política», agregó. Benítez remarcó, además, que el municipio debe adecuar sus procedimientos a los principios de transparencia, prevención y protección de las personas, para garantizar una administración pública que genere confianza en la comunidad.
