El intendente de Córdoba envió un proyecto al Concejo Deliberante para ampliar los mecanismos de control dentro de la administración pública. La iniciativa surge en medio del impacto generado por el caso de Claudio Barrelier.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, presentó un proyecto de ordenanza para implementar controles de consumo de drogas a todos los empleados municipales y establecer la renovación semestral de los certificados de antecedentes penales para quienes trabajan en la administración local.
La iniciativa fue enviada al Concejo Deliberante en un contexto marcado por la conmoción que generó el caso de Claudio Barrelier, el empleado municipal detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega.
Al referirse a la situación, Passerini reconoció fallas en los mecanismos de control existentes y sostuvo que es necesario revisar los procedimientos internos para evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse.
El proyecto propone extender a toda la planta municipal los narcotests que actualmente se aplican a funcionarios políticos. Según explicó el intendente, la medida busca fortalecer los controles dentro del Estado, aunque también contempla la posibilidad de brindar acompañamiento y tratamiento a quienes eventualmente atraviesen problemas de consumo.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación del régimen de antecedentes penales. Actualmente, los certificados se presentan al momento del ingreso a la administración pública, pero la propuesta establece que deberán renovarse cada seis meses para garantizar un seguimiento permanente de la situación judicial de los trabajadores.
Passerini planteó que el objetivo es eliminar situaciones que calificó como injustificadas dentro de la estructura municipal y avanzar hacia un sistema de controles más riguroso. En ese marco, recordó que durante su gestión fueron exonerados 191 empleados por distintas irregularidades detectadas.
El debate ahora quedará en manos del Concejo Deliberante, donde el proyecto deberá ser analizado por las distintas bancadas antes de una eventual aprobación. La iniciativa se suma a otras discusiones abiertas en distintos municipios y organismos públicos sobre los mecanismos de control y seguimiento del personal estatal tras el impacto social generado por el caso Barrelier.
