El bloque Primero Río Cuarto impulsó un proyecto para que el Municipio realice relevamientos semestrales de antecedentes penales de todo el personal. La iniciativa tomó estado parlamentario y será debatida en comisión tras no reunir los votos necesarios para su tratamiento inmediato.
El caso Agostina Vega sigue generando repercusiones políticas más allá de Córdoba Capital. En la sesión de este jueves del Concejo Deliberante de Río Cuarto, el bloque Primero Río Cuarto, encabezado por Gabriel Abrile, presentó un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de controles semestrales de antecedentes penales para todas las personas que mantengan algún vínculo laboral con el Estado municipal.
La iniciativa fue presentada en el marco de la conmoción generada por el femicidio de la adolescente cordobesa y pone el foco en los mecanismos de control que existen sobre quienes desempeñan funciones dentro de organismos públicos. Según argumenta el proyecto, los hechos conocidos en torno a la causa reabrieron el debate sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y evaluación de antecedentes en el ámbito estatal.
Desde Primero Río Cuarto solicitaron que la propuesta fuera tratada sobre tablas, con el objetivo de lograr una aprobación inmediata. El pedido contó con el acompañamiento de los bloques La Fuerza del Imperio y Partido Libertario, aunque no alcanzó los votos necesarios para avanzar en esa instancia.
Como consecuencia, el proyecto fue girado a comisión para su análisis. Desde la oposición señalaron que el oficialismo rechazó el tratamiento inmediato de la iniciativa, mientras que desde el bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto remarcaron que no se impidió el debate del proyecto, sino que se optó por el procedimiento legislativo habitual para una propuesta de estas características, que implica su discusión previa en comisión.
El texto presentado sostiene que el Estado debe garantizar que quienes prestan servicios en la administración pública reúnan condiciones de idoneidad y conducta compatibles con la responsabilidad de desempeñar funciones públicas. Además, menciona que los recientes acontecimientos vinculados al femicidio de Agostina Vega generaron preocupación social respecto de los controles existentes sobre antecedentes penales y situaciones judiciales de personas vinculadas al sector público.
Entre sus fundamentos, la iniciativa también cita el principio de idoneidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención institucional que permitan detectar tempranamente situaciones incompatibles con el ejercicio de funciones estatales.
La propuesta abre un nuevo debate dentro del Concejo sobre los alcances de los controles que puede ejercer el Municipio sobre su planta de personal y sobre las herramientas disponibles para prevenir situaciones que generen riesgos para trabajadores y vecinos. Mientras tanto, el expediente continuará su recorrido legislativo en comisión, donde deberá ser analizado antes de volver al recinto para su eventual aprobación.
