La Cámara alta analiza un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que flexibiliza las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros y establece mecanismos de desalojo más rápidos en casos de usurpación. La iniciativa forma parte de una extensa agenda legislativa que también incluye el pago a fondos buitres y la aprobación de pliegos judiciales.
El Senado de la Nación sesiona este jueves para debatir una serie de proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre los que sobresale una reforma vinculada a la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y agilizar los procedimientos de desalojo en casos de usurpación.
La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte del paquete de proyectos acordados entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista para ser tratados en el recinto.
El texto sufrió modificaciones respecto de su versión original durante el trabajo en comisiones. Entre los cambios más relevantes se encuentran la eliminación de artículos vinculados a los barrios populares y la reformulación de aspectos relacionados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.
Cambios en la compra de tierras
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los límites que actualmente rigen para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.
La propuesta establece que las provincias deberán autorizar este tipo de operaciones cuando no intervengan Estados extranjeros. No obstante, mantiene la prohibición para que gobiernos extranjeros, organismos estatales o sociedades controladas por otros países puedan adquirir inmuebles rurales en territorio argentino.
El proyecto también reafirma la potestad de las provincias sobre la administración de su territorio, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.
Desalojos más rápidos
La iniciativa incorpora mecanismos que buscan acelerar los procesos de desalojo en casos de ocupación ilegal de inmuebles.
Según el texto, los desalojos exprés se aplicarán únicamente cuando se compruebe la existencia de una usurpación. Para el resto de los conflictos vinculados a alquileres, se mantienen los procedimientos judiciales vigentes, aunque se simplifican algunas etapas.
En estos casos, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino por un plazo de diez días. Si no se regulariza la situación, podrá iniciar una acción judicial que deberá tramitarse mediante el procedimiento más abreviado previsto por la legislación.
Expropiaciones y manejo del fuego
La propuesta también introduce modificaciones en materia de expropiaciones. El Estado deberá fundamentar de manera más estricta la declaración de utilidad pública y se establecen límites para las indemnizaciones por lucro cesante.
En cuanto al manejo del fuego, se propone derogar la restricción que impedía modificar durante 30 años el uso de tierras rurales afectadas por incendios. Sin embargo, se mantienen las prohibiciones para el cambio de uso en áreas de bosques nativos, aunque se elimina el plazo de 60 años que contemplaba la normativa vigente.
Fondos buitres y pliegos judiciales
Además del proyecto sobre propiedad privada, el Senado tratará una iniciativa que autoriza al Gobierno nacional a cancelar acuerdos por 171 millones de dólares con dos fondos de inversión que mantenían litigios contra la Argentina.
La propuesta busca cerrar los reclamos de Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP antes del 30 de junio, fecha límite establecida para concretar los pagos y evitar nuevos avances judiciales sobre activos argentinos.
La sesión también contempla el tratamiento de 50 pliegos judiciales para cargos de jueces, fiscales y defensores, aunque quedó fuera de la agenda la postulación de María Verónica Michelli, cuyo pliego fue retirado recientemente por decisión del Poder Ejecutivo.
De esta manera, el Senado afronta una jornada legislativa marcada por debates vinculados a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la política judicial y la estrategia del Gobierno nacional para resolver litigios financieros heredados.
