La nueva normativa crea un régimen integral de asistencia, protección y reparación para víctimas de delitos en Córdoba. La ley fue aprobada por unanimidad y homenajea a Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023.
La Legislatura de Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la denominada “Ley Joaquín”, una normativa que establece el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos en toda la provincia. La iniciativa busca garantizar derechos, asistencia, protección y reparación para las personas afectadas por hechos delictivos y modifica además la Ley 8.123 del Código Procesal Penal de Córdoba.
La ley lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en junio de 2023 en la ciudad de Laboulaye, un caso que conmocionó al sur cordobés y tuvo fuerte repercusión provincial.
La aprobación se dio durante la octava sesión ordinaria del 148° período legislativo de 2026, encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto. También condujo parte del debate el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas.
Un régimen integral para las víctimas
La “Ley Joaquín” establece un marco provincial de orden público destinado a asegurar un trato digno y una participación efectiva de las víctimas dentro del proceso penal. Entre otros puntos, la normativa obliga a los organismos estatales a brindar información clara y comprensible desde el primer contacto con la víctima y a implementar medidas para evitar la revictimización.
Además, contempla asistencia interdisciplinaria, medidas urgentes de protección y mecanismos orientados a la reparación del daño sufrido.
La nueva legislación considera víctima no sólo a la persona directamente afectada por el delito, sino también a familiares directos en casos de muerte, desaparición o incapacidad, así como a representantes legales de niñas, niños, adolescentes o personas con capacidad restringida.
El caso Joaquín Sperani y el impacto en Laboulaye
Durante la sesión estuvieron presentes familiares de Joaquín Sperani, entre ellos sus padres Martín Sperani y Mariela Flores, junto a su hermano Nahuel. La familia siguió desde el recinto la aprobación de la ley que homenajea al adolescente asesinado el 29 de junio de 2023 por un compañero de escuela también menor de edad.
El caso tuvo un fuerte impacto social en Laboulaye y reabrió el debate sobre la contención institucional y los derechos de las víctimas y sus familias en procesos judiciales complejos.
La normativa aprobada surgió a partir de un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial y fue compatibilizada con iniciativas presentadas por distintos legisladores de varios bloques políticos, entre ellos Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.
Capacitación obligatoria para fuerzas de seguridad y operadores judiciales
Otro de los puntos centrales de la ley establece capacitaciones obligatorias y periódicas para personal policial, fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, operadores judiciales y trabajadores de instituciones públicas vinculadas al sistema penal y de salud.
Los contenidos deberán incluir derechos humanos, derechos de las víctimas, perspectiva de género, prohibición de torturas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La ley también prevé la coordinación entre organismos provinciales para mejorar la asistencia, la prevención de nuevos riesgos y el acompañamiento integral de las víctimas durante todo el proceso judicial.
