La Iglesia y organizaciones sociales advirtieron en Córdoba sobre el impacto de la iniciativa de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Aseguran que de aprobarse esa ley afectaría la integración socio urbana y derechos de miles de familias.
La Iglesia Católica de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares Córdoba manifestaron su preocupación por el proyecto de ley nacional de “inviolabilidad de la propiedad privada”, durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Arzobispado. Advirtieron que la iniciativa podría afectar a más de 40 mil familias en la provincia y modificar aspectos clave de la Ley 27.453, vinculada a la integración socio urbana de barrios populares.
El encuentro reunió al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; al presbítero Melchor López, Vicario de los Pobres; a Ayelén Cabaña, referente de TECHO; y a Débora Koraj, vecina de un barrio popular.
Durante las exposiciones, los referentes coincidieron en que el proyecto impulsado a nivel nacional implicaría un retroceso en materia de derechos adquiridos, especialmente en el acceso a servicios básicos, regularización dominial y herramientas de protección para familias vulnerables.
Según datos difundidos, en Córdoba existen 318 barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), lo que dimensiona el alcance de la problemática en la provincia.
El rol de la Ley 27.453 y el RENABAP
El padre Melchor López explicó que la Ley 27.453 permitió avanzar en políticas de integración socio urbana en todo el país. En ese marco, el RENABAP identificó 6.467 barrios populares, donde viven más de 5 millones de personas.
Además, destacó que estas políticas posibilitaron obras en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios con municipios, provincias y organizaciones sociales.
Sin embargo, advirtió que el nuevo proyecto podría desarticular estos avances y frenar procesos en marcha.
Datos que reflejan la situación social
Desde la organización TECHO señalaron que el escenario actual ya presenta dificultades. Entre los datos expuestos, se mencionaron 671 obras paralizadas en todo el país, más de 11 mil mujeres con pagos pendientes del programa Mi Pieza y 150 juicios de desalojo activos que afectan a más de 4.500 familias.
También remarcaron que el 75% de los barrios populares en Córdoba tiene más de 20 años de antigüedad, lo que evidencia la persistencia de condiciones habitacionales precarias.
El planteo de la Iglesia
Durante su intervención, el cardenal Rossi puso el foco en la situación social y habitacional. “Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’”, expresó.
Además, sostuvo que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho a las tres T: tierra, techo y trabajo”.
Un llamado a sostener políticas públicas
Por su parte, Débora Koraj destacó el valor de la organización comunitaria y el impacto positivo de herramientas como el certificado de vivienda familiar, que permite a las familias acceder a derechos básicos.
La conferencia concluyó con un llamado conjunto a sostener políticas públicas que promuevan la integración socio urbana y garanticen condiciones de vida dignas en los barrios populares.
El planteo se da en un contexto de debate nacional, con fuerte impacto en provincias como Córdoba, donde miles de familias dependen de estos programas para mejorar su calidad de vida.
