La implementación de la Ley 27.802/2026 introdujo una serie de beneficios impositivos destinados a productores que utilizan energía eléctrica para riego, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector agropecuario y fomentar inversiones en tecnología.
La medida más destacada es la reducción de la alícuota del IVA del 27% al 10,5% para el consumo de energía eléctrica vinculada al riego. Esta modificación impacta directamente en los costos productivos, especialmente en regiones donde el uso de sistemas de riego es clave para sostener los rendimientos.
Además, la normativa contempla incentivos para la inversión en infraestructura. A través del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), se habilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para la compra de equipos de riego y tecnologías de eficiencia energética, lo que permite recuperar la inversión en plazos más cortos.
Otro punto relevante es la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con recupero en apenas tres períodos mensuales, lo que mejora el flujo de caja de los productores y facilita la planificación financiera.
Estas medidas se complementan con decisiones previas del Gobierno nacional, como la reducción de aranceles a la importación de equipos de riego —que pasaron del 14% al 2%— y la eliminación del impuesto PAIS para este tipo de bienes.
Según datos oficiales, en los últimos dos años se incorporaron más de 55.000 hectáreas bajo riego en el país, con la instalación de aproximadamente 650 pivotes y el desarrollo de 8.400 hectáreas con riego por goteo subterráneo.
Actualmente, Argentina cuenta con unas 2,1 millones de hectáreas irrigadas, aunque el potencial de expansión alcanza las 4,8 millones adicionales. En ese contexto, el riego se consolida como una herramienta clave para estabilizar la producción, reducir riesgos climáticos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
