El Gobierno nacional decidió avanzar con un ambicioso proyecto de reforma electoral, aun sin contar con los apoyos necesarios en el Congreso. La iniciativa, elaborada en la Casa Rosada, apunta a modificar aspectos centrales del sistema político con el argumento de “alinear los intereses de la política con la sociedad”.
Entre los puntos principales, el proyecto propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que el oficialismo considera “una encuesta nacional” de alto costo. Según estimaciones del Ejecutivo, su supresión permitiría un ahorro cercano a los 200 millones de dólares. Sin embargo, la medida genera resistencias, especialmente entre gobernadores opositores que ven en las primarias una herramienta clave para ordenar candidaturas.
Otro eje fuerte de la reforma es el endurecimiento de las condiciones para la existencia de partidos políticos. Desde el Gobierno lo definen como una “motosierra a los sellos de goma”, con el objetivo de reducir estructuras sin representación efectiva. En ese sentido, se exigirán mayores niveles de afiliación —equivalentes al 0,5% del padrón electoral— y se implementará un sistema de avales biométricos para evitar irregularidades.
Además, los partidos deberán acreditar presencia en al menos diez provincias para obtener reconocimiento nacional, y podrían perder la personería jurídica si no alcanzan el 3% del padrón en dos elecciones consecutivas. Estas modificaciones impactarían especialmente en fuerzas minoritarias.
El proyecto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con una reducción del aporte estatal y nuevas regulaciones para los fondos privados. A esto se suma la inclusión de la denominada “Ficha Limpia”, que impediría la candidatura de personas con condenas por corrupción en segunda instancia, extendiendo la restricción incluso a cargos del Poder Ejecutivo.
Entre otras modificaciones, el oficialismo plantea suspender la elección directa de representantes al Parlasur —que pasarían a ser designados por el Congreso— y eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales, que quedarían como optativos.
La iniciativa comenzaría a discutirse en las próximas semanas en el Congreso, en un escenario atravesado por negociaciones con gobernadores y bloques opositores. Aunque el Gobierno apuesta a instalar el debate, el panorama legislativo anticipa un tratamiento complejo y con final abierto.
