El Gobierno nacional oficializó la transferencia temporal del cobro de peajes y el mantenimiento de rutas a las provincias. La medida llega luego de un prolongado freno en la inversión vial y busca descentralizar la gestión.
A través del Decreto 253/2026, el Gobierno nacional formalizó la delegación de la administración de rutas nacionales a un grupo de provincias, entre ellas Córdoba, en una decisión que reconfigura el esquema de gestión vial tras más de dos años con escasa actividad en obra pública.
La medida habilita a los distritos a asumir funciones clave como la reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, además de la concesión de obras públicas por peaje. El esquema también alcanza a provincias como Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Desde la Casa Rosada justificaron la decisión en la necesidad de “mejorar la gestión pública y el desarrollo económico local”, al tiempo que plantearon un modelo con mayor descentralización y protagonismo de las administraciones provinciales.
Sin embargo, el trasfondo de la medida remite al fuerte recorte en la obra pública impulsado por la gestión de Javier Milei, que tuvo como uno de sus ejes el cuestionamiento al sistema de infraestructura vial por presuntos hechos de corrupción. En ese contexto, el mantenimiento de rutas nacionales quedó prácticamente paralizado en distintos puntos del país.
El decreto establece que las provincias podrán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para instrumentar la transferencia de funciones, aunque aclara que la titularidad de los caminos seguirá en manos del Estado nacional.
Además, se especifica que la delegación es de carácter temporal y revocable, lo que deja abierta la posibilidad de que la Nación retome el control directo en el futuro.
En los hechos, la decisión traslada a las provincias la responsabilidad operativa sobre la red vial en sus territorios, en un escenario donde la falta de inversión acumulada plantea desafíos inmediatos para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.
