El Gobierno avanzó con nuevas medidas que alivian restricciones para personas y empresas. Cambios en exportaciones, uso de divisas y plazos financieros marcan una señal en plena revisión del acuerdo internacional.
En un contexto atravesado por la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional dispuso una serie de medidas orientadas a flexibilizar el esquema de control cambiario. Las decisiones, instrumentadas a través del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, introducen modificaciones tanto para personas humanas como para empresas, en un intento por aliviar restricciones en el acceso y uso de divisas.
Entre los principales cambios, se dispuso que las personas humanas ya no estarán obligadas a liquidar en el mercado local los dólares provenientes de exportaciones de bienes, aunque sí deberán ingresarlos al país. La medida equipara el tratamiento con el sector de servicios y apunta a reducir trabas en la operatoria de quienes generan ingresos en moneda extranjera.
En paralelo, se eliminó el tope de retiro de efectivo en el exterior mediante tarjeta de crédito, una restricción que limitaba el acceso a dólares fuera del país. La decisión busca facilitar los consumos internacionales y disminuir la necesidad de trasladar efectivo.
Para el sector empresarial, las modificaciones se concentraron en la extensión de plazos para el ingreso de divisas. En el caso de exportaciones a filiales —siempre que no superen los 200 millones de dólares anuales—, el plazo se amplió de 60 a 180 días. Para otros rubros, como el textil o indumentaria, el período se extiende hasta los 365 días, mismo horizonte fijado para bienes de capital.
Además, se habilitó el pago anticipado de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta tres días antes de su vencimiento, y se autorizó el acceso al mercado oficial para coberturas cambiarias vinculadas a deudas en moneda extranjera.
Las medidas se interpretan como un intento de otorgar mayor previsibilidad en el frente cambiario, en un escenario donde la política económica mantiene como eje la relación con el organismo internacional y la necesidad de cumplir metas en la segunda revisión del acuerdo vigente.
