El legislador Juan Manuel Llamosas respaldó el proyecto provincial que busca prohibir la actividad informal de cuidacoches y limpiavidrios. Sostuvo que la iniciativa dará “herramientas que hoy no existen” y puso como ejemplo la regulación vigente en Río Cuarto.
El debate por la regulación de los denominados “naranjitas” sumó una voz clave en la Legislatura. Juan Manuel Llamosas, presidente de la comisión que analizará el proyecto enviado por el gobernador, defendió la iniciativa y aseguró que apunta a ordenar una problemática que hoy carece de marco legal claro.
“Buscamos que quienes cuiden autos lo hagan de manera registrada y con una tarifa prefijada o que sean controladores del estacionamiento”, planteó el legislador, al explicar el espíritu de la norma. En ese sentido, remarcó que el objetivo es terminar con la informalidad y brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a los ciudadanos.
Llamosas insistió en que actualmente existe un vacío normativo que dificulta la intervención del Estado. “Buscamos que exista una ley, una herramienta a la cual apelar que hoy no existe”, sostuvo, al defender el alcance provincial del proyecto.
La iniciativa propone que, una vez sancionada, solo podrán desempeñarse como cuidacoches aquellas personas que estén registradas por los municipios, dejando fuera de la ley a quienes ejerzan la actividad de manera informal o bajo prácticas coercitivas.
Además, el legislador subrayó que el proyecto no se limita a la prohibición, sino que incluye un enfoque social. “El proyecto acompaña a los municipios con herramientas concretas y alternativas de inserción laboral”, afirmó, en referencia a programas de reconversión y contención para quienes hoy dependen de esta actividad.
Como antecedente, Llamosas mencionó el caso de Río Cuarto, donde ya rige una ordenanza que regula la actividad. La normativa local prohíbe el cobro compulsivo en la vía pública y establece que cualquier pago debe ser voluntario, además de habilitar controles e intervenciones ante incumplimientos.
Ese esquema, que incluyó relevamientos y operativos de control, permitió intervenir en más de 2.000 situaciones en pocos meses, evidenciando la magnitud del fenómeno y la necesidad de regulación.
Con este proyecto, el oficialismo busca trasladar ese modelo a toda la provincia, en un debate que promete tensiones pero que ya cuenta con el respaldo de uno de los actores centrales en su tratamiento legislativo.
