Con 44 votos afirmativos y 27 negativos, el Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza.
Durante el debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un minuto de silencio en homenaje a víctimas de hechos de inseguridad y defendió la necesidad de actualizar el régimen vigente, establecido en 1980.
Desde el oficialismo sostuvieron que en los últimos años se registró un aumento en la participación de menores de entre 12 y 15 años en delitos graves, generando —según argumentaron— una percepción de “injusticia” e “impunidad”. En esa línea, afirmaron que muchas organizaciones delictivas incorporan menores a sus estructuras aprovechando que, hasta ahora, no podían ser procesados penalmente.
Negociación parlamentaria y cambios en el proyecto
El texto aprobado no es idéntico al presentado originalmente. En un primer momento, el proyecto fijaba la edad de punibilidad en 13 años, pero tras negociaciones con bloques dialoguistas se acordó establecer el límite en 14 años para garantizar los votos necesarios. Esa modificación permitió el acompañamiento de espacios como el PRO y la UCR.
En el debate también se pronunciaron voces críticas desde la oposición. El senador peronista Martín Soria manifestó su rechazo a la iniciativa y cuestionó el enfoque punitivo de la reforma.
Comparación regional
En América Latina, varios países establecen la edad de imputabilidad en 14 años, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. Otros, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, fijan el inicio en los 12 años. En la mayoría de estos casos, el tratamiento penal juvenil contempla medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
Con la sanción definitiva, Argentina modifica un régimen vigente desde hace más de cuatro décadas y abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad, derechos de niños, niñas y adolescentes y políticas públicas frente a la delincuencia juvenil.
