La Procuración del Tesoro presentó un per saltum para que el máximo tribunal intervenga de manera directa y revierta la decisión judicial que dejó sin efecto artículos clave de la Ley 27.802. También cuestionó la legitimidad de la CGT para impulsar la demanda.
El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto judicial por la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga sin pasar por instancias previas y deje sin efecto la cautelar que suspendió parte de la normativa.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, en representación del Estado, y apunta contra el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que el pasado 30 de marzo dispuso la suspensión de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
En su planteo, el organismo solicitó que se declare admisible el recurso, se suspendan los efectos de la cautelar y se dicte una resolución definitiva que restituya la vigencia de los artículos cuestionados.
Además, el Gobierno cuestionó la validez de la decisión judicial al sostener que fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso concreto que justifique la intervención. En esa línea, también apuntó contra la CGT, impulsora de la demanda, al considerar que no tiene legitimación suficiente para representar al conjunto de los trabajadores.
“Se trata de una causa de gravedad institucional”, advirtió la Procuración en su presentación, al sostener que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal inferior implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en tensión la división de poderes.
El conflicto se originó tras una acción judicial presentada por la central obrera, que pidió la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma laboral por considerar que afectan derechos fundamentales vinculados al trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese planteo y dictó una cautelar con efectos generales.
Frente a esto, el Gobierno insistió en que la CGT no acreditó un perjuicio concreto, sino que basó su reclamo en argumentos “abstractos y generales”. También señaló que el magistrado omitió analizar adecuadamente la representación sindical y que incluso avanzó sobre artículos que no habían sido específicamente impugnados.
En paralelo, el Ejecutivo recordó que ya se había planteado una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. De hecho, el Juzgado N°12 de ese fuero aceptó intervenir y reclamó el expediente, aunque hasta el momento no se resolvió la cuestión de fondo.
Entre los argumentos centrales, la Procuración advirtió que la cautelar genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la ley, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria tanto para empleadores como para trabajadores.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que la única vía eficaz para revertir la situación es la intervención directa de la Corte Suprema. Por eso, pidió que se suspendan los efectos del fallo cuestionado y se restituya la plena vigencia de la reforma laboral mientras se resuelve el planteo de fondo.
