Autoridades universitarias reclamaron el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795 y la convocatoria urgente a paritarias docentes y nodocentes. También rechazaron el proyecto del Ejecutivo que busca modificar la norma vigente.
Rectores de universidades públicas nacionales y ex rectores reiteraron su reclamo al Poder Ejecutivo para que aplique de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y convoque con urgencia a paritarias para recomponer los salarios del sector.
El pronunciamiento fue encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que volvió a “exigir el inmediato cumplimiento de la actual ley de financiamiento universitario”, aprobada el año pasado por el Congreso de la Nación Argentina, con el objetivo de recuperar el salario perdido en 2024 y 2025.
Además, el organismo remarcó la necesidad de una “urgente convocatoria a paritaria docente y nodocente para recomponer la pérdida salarial que se está sufriendo en 2026”.
Una ley vigente y objetada en la Justicia
Desde el CIN señalaron que la norma fue aprobada por el Congreso, vetada posteriormente por el Ejecutivo y luego ratificada por amplia mayoría legislativa, lo que obligó a su promulgación. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno mantiene suspendida su aplicación mediante un decreto cuya constitucionalidad fue cuestionada ante la Justicia.
La ley —identificada como 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente— establece pautas de actualización para:
- Gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
- Sostenimiento del sistema científico y tecnológico.
- Becas estudiantiles.
- Salarios docentes y nodocentes, con actualización por Índice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023 y paritarias trimestrales.
Según expresaron, la norma dispone que los recursos destinados al funcionamiento universitario se actualicen por inflación desde mayo de 2024 y continúen con revisiones bimestrales.
Rechazo a la modificación impulsada por el Ejecutivo
En los últimos días, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley vigente, con el objetivo —según denunciaron los rectores— de reducir las actualizaciones presupuestarias y salariales a montos mínimos que no compensan la pérdida acumulada.
La Asociación de Ex Rectoras y Rectores de Universidades Públicas (AERUP) respaldó el planteo del CIN y sostuvo que la ley fue aprobada tras un proceso legislativo complejo y con amplio consenso político y social.
En su comunicado, los ex rectores recordaron que la norma fue sancionada por ambas cámaras, recibió veto presidencial y luego fue ratificada por más de dos tercios de diputados y senadores, tal como lo prevé la Constitución Nacional. También remarcaron que la Oficina de Presupuesto del Congreso había determinado que el impacto fiscal de la medida sería mínimo en las cuentas nacionales.
“No es solo una cuestión presupuestaria”
Tanto el CIN como la AERUP subrayaron que el reclamo no se limita a una discusión de recursos, sino que apunta a garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026.
En ese marco, insistieron en que la ley se encuentra vigente y debe ser cumplida, y reiteraron el pedido de convocatoria inmediata a paritarias docentes y nodocentes para recomponer el poder adquisitivo frente al proceso inflacionario.
“El financiamiento universitario no es solo un tema presupuestario, sino una cuestión estratégica y vital para el desarrollo de la Nación”, concluyeron.
